La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha hecho una de sus mayores apuestas políticas para recuperar la confianza de los inversionistas al recortar 18 mil millones de reales (US$ 6.700 millones) anuales en pensiones y subsidios por desempleo.
A última hora de ayer, el gobierno estaba preparado para publicar los cambios en las normas que le permitirían a la mayor economía latinoamericana ahorrar 0,3% de su Producto Interno Bruto el próximo año, apuntalando las finanzas del país y ayudando a preservar el grado de inversión de su calificación crediticia.
"Si no actuamos de manera sostenible ahora, las generaciones futuras tendrán que pagar un alto precio", explicó el jefe de personal de Rousseff, Aloizio Mercadante, tras anunciar las medidas.
A través de un comunicado, el palacio presidencial describió los recortes como una manera de "garantizar el equilibrio fiscal del gobierno en los próximos años y atraer inversiones para que el país pueda reanudar el crecimiento económico".
La expansión de Brasil, que una vez fue el niño mimado de los mercados emergentes, ha caído de 7,5% en 2010 a 0,1% este año.
El país corre el riesgo también de sufrir su primer déficit fiscal primario en 2014.
Giro hacia los mercados
Sin embargo, después de ganar por un estrecho margen la reelección en octubre, Rousseff, una ex guerrillera de izquierda, ha adoptado medidas favorables al mercado para poner la economía de nuevo en marcha, deleitando a los inversionistas, pero enfureciendo a muchos votantes y miembros del Partido de los Trabajadores (PT).
Después de nombrar en noviembre al banquero Joaquim Levy, formado en Chicago, como ministro de Hacienda, la presidenta prometió la semana pasada vender parte del banco estatal Caixa, encargado de la administración del programa de bienestar social Bolsa Familia.
"Me acabo de enterar de los cambios [en las prestaciones] y, wow, no podría estar más decepcionado. Están quitándole dinero a los pobres", tuiteó un partidario PT al tiempo que los brasileños interrumpían sus celebraciones de Navidad para expresar indignación por las medidas en las redes sociales.
Parte de los cambios informados ayer implican que los trabajadores tendrán que estar empleados por 18 meses, en lugar de seis, para poder optar a los seguros de cesantía.
Asimismo, los empleados con salarios bajos tendrán que trabajar durante seis meses, en lugar de sólo uno, antes de poder recibir un bono anual patrocinado por el Estado.
Por otra parte, el gobierno incluyó restricciones para limitar el fraude e hizo más complejo para los cónyuges de trabajadores fallecidos reclamar las pensiones.
Los cambios esperados
Los economistas llevaban tiempo pidiendo estos cambios en las generosas leyes de empleo brasileñas, así como al sistema de pensiones descrito como una "bomba de tiempo financiera", listo para explotar a medida que la relativamente joven población alcanza la edad de jubilación.
Los economistas, que culpan del rápido deterioro de la situación fiscal de Brasil al intervencionismo estatal y a los impuestos populistas, consideran que estos esquemas sólo han hecho más urgentes los cambios.
El superávit presupuestario primario de Brasil, o el exceso de ingresos antes del pago de la deuda, se ha reducido desde 4% del PIB en 2008 al esperado déficit de este año, elevando las alarmas entre los inversionistas y agencias de calificación de crédito.
El gobierno dijo que los cambios se promulgarán a través de medidas provisionales, una herramienta jurídica controvertida diseñada para situaciones de emergencia que permite al presidente imponer cambios inmediatos sin la aprobación del Congreso.
Financial Times
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