"Es el Kosteki-Santillán de este Gobierno, o incluso peor", graficó ayer una fuente judicial horas después de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman, en relación a los asesinatos de 2002 que aceleraron la salida del ex presidente Eduardo Duhalde. Esa dimensión política adquiere la noticia que empezó a trascender como una versión en la noche del domingo, que se confirmó en la madrugada del lunes y que conmueve a la opinión pública. El hombre que la semana pasada denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir a Irán en la causa AMIA apareció muerto, con un balazo en la sien, la noche previa a la audiencia a la que debía asistir en el Congreso.
La repercusión del hecho atravesó a los tres poderes del Estado como pocas veces había sucedido. Mientras en Diputados la oposición pedía explicaciones y el oficialismo le daba crédito a la hipótesis del suicidio inducido, desde el Gobierno primaba la mesura. Fue desde la Justicia donde surgieron las novedades más relevantes, ya sea en el expediente vinculado a la muerte del fiscal, o en el que tomó forma hace seis días, cuando el propio Nisman radicó su denuncia en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que se encontraba de licencia y era reemplazado transitoriamente por María Servini de Cubría.
Justamente Lijo fue quien rompió el molde ayer, regresando de sus vacaciones diez días antes de lo previsto, y habilitando la feria judicial que Servini había rechazado abrir tras la presentación de Nisman. Raudo, el titular del juzgado 4 dispuso medidas urgentes para asegurar la prueba que proporcionó Nisman y mandó a incautar y asegurar los discos compactos, donde están grabadas las intervenciones telefónicas, y toda la documentación detallada en la denuncia. Además, el juez le pidió a su colega Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa central por el atentado de 1994, que le enviara "todos los antecedentes y documentación" relacionados con las intervenciones telefónicas que dieron sustento a la presentación de Nisman.
No obstante, el futuro de Lijo al frente del expediente no es seguro. Hoy enviará a secretarios a especificar pruebas y a recolectar la totalidad de la información que Nisman, en el único contacto telefónico que habían mantenido le había dicho que le iba a enviar. Una vez que pase ese período, el juez podría decidir mandar la causa a sorteo. Desde el principio, en la Justicia aseguraron que Nisman equivocó el procedimiento y que debió haber informado de su denuncia a Canicoba Corral para que la enviara a sorteo. Pero el fiscal llevó la presentación al juzgado de Lijo, que investigaba irregularidades en el expediente del atentado que se cobró 85 muertes.
Esa decisión le valió críticas de Canicoba Corral, que dijo que en ningún momento Nisman le pidió autorización para presentar la denuncia y que la única escucha autorizada era a Jorge Khalil, dirigente de la comunidad islámica y presunto nexo del Gobierno en la negociación por el memorándum con Irán. Por eso, el juez evaluaba apartalo del caso. El hecho de no haber cumplido con el protocolo previsto para estos casos también repercutió para que Servini de Cubría no hiciera caso al pedido para habilitar la feria judicial por creer que no ameritaba una resolución urgente.
La muerte de Nisman tocó las esferas más altas de la Justicia nacional. En su regreso al trabajo tras las vacaciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se reunió ayer al mediodía con el decano del cuerpo de peritos del cuerpo médico forense del máximo tribunal, el psiquiatra Roberto Godoy, que participó de la autopsia que le realizaron al fiscal.
A la Corte, cabe recordar, se espera que llegue el expediente iniciado contra el memorándum firmado entre Argentina e Irán, que fue aprobado por el Congreso. En primera instancia, el documento fue avalado por Canicoba Corral, pero luego la Cámara Federal lo declaró inconstitucional. Tras la feria, se esperaba que Casación Penal resolviera al respecto. El siguiente paso sería la Corte, que actualmente cuenta con sólo cuatro miembros por la salida de Eugenio Zaffaroni.
El fallecido fiscal, además de apuntarles a Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, había incluido en su denuncia al diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque y a los dirigentes Luis D' Elía y Fernando Esteche. En su pedido se solicitaba la indagatoria de ellos y un embargo de $ 200 millones. Las próximas horas serán clave para saber si en la Justicia prospera una investigación que, sangre derramada de por medio, parece una obligación llevar a cabo.
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