El juez de Nueva York Thomas Griesa encabezó una nueva audiencia –la primera desde que el país entró en default- con los abogados de la Argentina y los representantes de los fondos buitre.
Antes de la cita, el Gobierno indicó esta mañana, a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que no tenía expectativas positivas. Y algo de razón tenía: el encuentro empezó con una queja del juez por lo que calificó como "malinterpretación" intencional por parte del Gobierno y le pidió que deje de dar "información engañosa".
El magistrado, que reiteró que la audiencia busca ver cómo sigue la situación tras el default, también sostuvo que la Argentina tiene obligaciones tanto con los bonistas del canje como con los holdouts y que, en sus discursos, el Gobierno está dejando de lado a los segundos, en lo que calificó como una maniobra "ilegal". E instó a continuar las negociaciones y encontrar una solución "rápido".
A su turno, los abogados que representan a la Argentina se manifestaron convencidos de que, efectivamente, tienen que seguir las negociaciones y que un acuerdo es la única salida. Pero también le pidieron a Griesa que cambie al "special master" que designó porque, apuntaron, el Gobierno considera que, por sus últimas declaraciones públicas, el abogado Daniel Pollack "no es imparcial". Pero el juez dijo que no quería hacerlo porque se habían logrado "progresos".
La audiencia concluyó sin que el juez tomara tampoco ninguna decisión sobre el destino de los US$ 539 millones que la Argentina depositó en las cuentas del Banco de Nueva York para pagarles a los bonistas del canje y que el magistrado trabó hasta tanto el Gobierno lograra algún acuerdo con los holdouts.
El encuentro es el primero que se lleva a cabo tras las reuniones cara a cara que mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los representantes de los holdouts en el despacho del "special master" Daniel Pollack, el mediador designado por Griesa.
Esos diálogos a todas luces fracasaron, entrampados entre la renuencia de los fondos buitre a aceptar un stay que le permitiera a la Argentina negociar el pago recién en 2015 y la negativa del Gobierno a realizar cualquier oferta por el temor de que se dispare la cláusula RUFO, que tendría un costo potencial de más de US$ 100.000 millones y consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados.
En el medio y a último momento, había surgido una propuesta de bancos privados argentinos: la idea era que ellos compraran la deuda en poder de los buitres (por una cifra que, según qué versión, iba de los US$ 1.200 millones a los US$ 1.600) para que el juez pudiera reponer el stay y que, ellos sí, aceptaran renegociar en enero, cuando ya no regirá la RUFO. Pero esa negociación también se cayó.
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