El Gobierno griego ha enviado a la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) su listado de reformas para poder prorrogar cuatro meses el programa de rescate actual, y así no perder el derecho a recibir los últimos desembolsos (3.600 millones de euros) y a utilizar 10.900 millones de euros en bonos para recapitalizar sus bancos.
En ellas, el Gobierno de Syriza, la coalición de izquierda radical que ganó las elecciones del 26 de enero, diluye o directamente renuncia a buena parte de sus promesas electorales.
Grecia pidió el pasado viernes la extensión del rescate actual por cuatro meses, pero esta solicitud estaba condicionada a la presentación ayer de un listado de reformas. El documento, de siete páginas, esboza un listado medidas en varias áreas. Prácticamente en todas en las que había discrepancias con la troika y el Eurogrupo, el Gobierno griego ha moderado sus pretensiones, bien modificándolas directamente o condicionándolas a otros factores (cuadrar cuentas públicas, consultas con instituciones o la competitividad de la economía).
Por ejemplo, no se detendrá ninguna privatización ya cerrada o cuyo proceso forma haya sido lanzado. El Gobierno dice que subirá el salario minimo, pero "en un futuro", previa consulta con las instituciones europeas e internacionales, y siempre y cuando no perjudique la competitividad y la creación de empleo. El IVA se "racionalizará" para "maximizar ingresos" y se sacarán productos del IVA reducido. Esto se traducirá necesariamente en subidas del impuesto, como mínimo, en los productos que dejen la lista con el tramo reducido.
Por otra parte, el Gobierno griego se compromete a que su programa humanitario no tenga "efectos fiscales negativos". Además, la prohibición de los desahucios pasa a ser una "consulta" con los bancos para evitarlos y, en cualquier caso, Atenas se compromete a que cualquier medida que adopte no afecta a sus ratios de capital y a las cuentas públicas. Pero además de las medidas, también destacan las omisiones. Por ejemplo, no hay rastro de promesas polémicas de campaña como la contratacion de 300.000 empleados públicos, ni tampoco de la subida de las pensiones.
El gran reto de Alexis Tsipras, primer ministro griego, y su ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, era presentar un plan lo suficientemente definido y ortodoxo para que fuera aprobado por la troika y sus socios europeos -parlamentos nacionales incluidos-, pero lo suficientemente ambiguo y social como para no provocar una revuelta interna en Syriza y su socio de Gobierno, ANEL, la ultraderecha griega euroescéptica.
Próximos pasos
La Comisión Europea, el FMI y el BCE ya habrían considerado que el documento es un "punto de partida válido" para poder completar exitosamente el programa actual. Ahora falta que Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, convoque esta tarde a los ministros de Finanzas y Economía del euro para que den su visto bueno. Una vez que esto ocurra, los parlamentos nacionales de Holanda, Alemania, Finlandia y Estonia iniciarán sus procesos de aprobación de la solicitud de prórroga de rescate de Grecia.
Sin embargo, la prórroga del programa no garantiza que Grecia reciba los desembolsos. Tal y como ha advertido hoy mismo Dijsselbloem en el Parlamento Europeo, todo pago debe ser autorizado por el Eurogrupo y eso solo ocurrirá cuando la troika certifique que Atenas "está haciendo progresos" en esa lista de reformas. Según el presidente del Eurogrupo, primero van los avances en las medidas y luego los desembolsos y ha advertido de que el hecho de que Grecia necesite financiación no va a invertir ambos elementos.
De hecho, lo de hoy es solo un análisis preliminar. La revisión en profundidad del programa y las medidas deberá realizarla la troika en abril. Allí deberán concretarse todas esas medidas y cuantificarse adecuadamente para valorar su impacto en las finanzas públicas y la competitividad de la economía griega.
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