Uno de los elementos que ha marcado el primer período de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil es el magro rendimiento económico. El crecimiento del PIB se ralentizó desde un promedio de 4% bajo el mandato de Lula da Silva a menos de 2% en los últimos cuatro años, la tasa más baja en más de 20 años.
Si el país desea regresar a la senda de una expansión robusta, cualquiera de los candidatos que gane las elecciones de octubre deberá implementar reformas estructurales. Según Capital Economics, si se aplican los cambios necesarios, la mayor economía de América Latina podría elevar el crecimiento a entre 3% y 4%. Sin las transformaciones, la actividad tendrá problemas para trepar un 2% anual.
Productividad
es la clave
En un informe publicado la semana pasada, la consultora aseguró que el débil desempeño económico de la nación parece surgir de los problemas en el lado de la oferta. La firma argumentó que si la menor expansión tuviera como causa una frágil demanda, se esperarían mayores tasas de desempleo y una baja inflación. En Brasil ha ocurrido lo opuesto, con la desocupación en mínimos históricos y con la variación de precios en el límite superior del rango meta del banco central.
El análisis de Neil Shearing, economista jefe de mercados emergentes, arrojó que, si sólo se consideran los cambios en las condiciones de demanda, el PIB debería haber continuado subiendo a un ritmo anual cercano a 5% desde 2011, pero la economía anotó un avance promedio de sólo 1,5%. Esto significa que la debilidad se explica completamente por las restricciones en el lado de la oferta, particularmente por la baja productividad.
Entre 2003 y 2012, la producción por trabajador aumentó un promedio de sólo 1,5% anual, la segunda variación más baja entre los principales mercados emergentes detrás de México. Si bien algunos sectores registraron una rápida alza, el crecimiento de la manufactura y los servicios, que en conjunto representan 80% del PIB, “ha sido nefasto”.
Una de las principales razones de la baja productividad se relaciona con la sobrerregulación. Uno de los grandes dilemas que debe enfrentar el sector privado es la naturaleza fragmentada del código tributario, ya que además de los impuestos federales existen los gravámenes a nivel estadual. En promedio, una empresa gasta 2.600 horas al año en el proceso de declaración de impuestos, lo que se compara con las 367 horas del resto de la región y con el promedio OCDE de 176 horas.
A esto se suma la excesiva regulación en el mercado laboral, lo que en conjunto ha generado el llamado “costo de Brasil”, concepto que es usado para reflejar el alto costo para las compañías de hacer negocios en el país.
Más inversión y ahorro
Otro de los elementos que ha frenado a la economía brasileña es el bajo nivel de inversión. En la última década, la inversión representó cerca de 18% del PIB, la menor tasa entre los mayores mercados emergentes.
En términos fiscales, el gobierno debería enfocarse en mejorar su infraestructura. Capital Economics detalló que su red vial está obstruida y la red de vías férreas es casi inexistente (la longitud total actual es menor que la de 1930). En tanto, los puertos y aeropuertos están operando más allá de su capacidad.
Si bien la administración de Rousseff ha dado algunos pasos para elevar el gasto fiscal –pasó desde 0,6% del PIB en 2006 a 1,4% en 2012–, el esfuerzo sigue siendo insuficiente. Al compararlo con Rusia y China, con tasas de inversión de 3% y 10% del PIB, respectivamente, la nación sudamericana continúa rezagada.
El estudio puntualizó que una razón fundamental de la deficiente inversión es la también baja tasa de ahorro, que, al llegar a sólo 15% del PIB, es la menor entre los Brics y América Latina. Dos factores explican esto: la joven población del país y el amplio sistema de bienestar, que desalienta el ahorro preventivo. Por esto mismo, las autoridades debieran reformar el generoso esquema de pensiones.
Con todo, Shearing advirtió que hay cuatro razones para la cautela: las reformas requieren tiempo para que surtan efecto; para que el programa sea exitoso deberá enfrentarse a los intereses particulares; la fragmentación del Congreso dificultará la aprobación de las iniciativas; y, en algunos casos, la facultad para realizar los cambios no depende del gobierno central, sino de las autoridades locales.
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