El proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), uno de los más emblemáticos del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, finalmente fue aprobado en el Congreso.
Luego que ayer la Cámara de Diputados visara los cambios realizados en el Senado, la iniciativa eludió la revisión de una comisión mixta y quedó listo para ser promulgado como ley de la República, lo que sucedería en las próximas semanas.
Una vez implementados los cambios que incluye la iniciativa -lo que tomará unos seis meses-, el Sernac tendrá una batería de nuevas facultades para defender a los consumidores (normativas sancionatorias y fiscalizadoras); las empresas estarán obligadas a responder los reclamos -hoy un 8,4% de las quejas no tienen eco- y se abrirán espacios de conciliación para solucionar las diferencias, privilegiando la reparación sobre la imposición de multas.
Con la nueva ley, las multas a las compañías infractoras irán de un tope de hasta 300 UTM ($ 14 millones) para las faltas de menor gravedad hasta 2.250 UTM ($ 105,3 millones) en el caso de prácticas que pueden afectar la salud, seguridad y medio ambiente o derechos fundamentales.
La mayoría de los artículos fueron aprobados por amplia mayoría por los diputados a excepción de tres cuya votación fue solicitada a parte por el diputado UDI Felipe Ward, relacionados con la concentración de facultades normativas y sancionatorias y el daño moral colectivo, los que fueron aprobados a pesar de recibir una treintena de votos en contra.
Satisfacción en el gobierno
El ministro de Economía, Jorge Rodríguez y el director del Sernac, Ernesto Muñoz, celebraron el despacho del proyecto, asegurando que se logró una ley que "va a ayudar a los consumidores a ser respetados por el mercado".
"Como gobierno estamos convencidos de que las empresas deben respetar a los consumidores y que debe existir una institucionalidad que evite abusos de las empresas, lo que significa tener un modelo de desarrollo que respete a los consumidores y esa será la función del nuevo Sernac", declaró Rodríguez.
Muñoz destacó la aprobación por unanimidad de casi todos los artículos, lo que a su juicio demuestra que el proyecto "es un tema país".
Asociaciones de consumidores, como Conadecus, también recibieron el despacho del texto de manera positiva pese a haber presentado reparos a lo largo del debate.
"El proyecto mejoró sustancialmente respecto a lo que había ingresado el gobierno", dijo el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, y advirtió, eso sí que en términos del fortalecimiento de las asociaciones de consumidores la nueva ley presentaba ciertas debilidades que se podían mejorar.
Los reparos
Tras la aprobación del proyecto, el mundo empresarial reiteró ayer sus inquietudes respecto al poder que adquiere el Sernac. "Lo que más preocupa es que este servicio pasa a concentrar una gran cantidad de facultades, varias de ellas incompatibles entre sí y que comprometen su independencia", dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno.
Desde el Retail Financiero, su vicepresidente ejecutivo, Claudio Ortíz, planteó su deseo de que durante la implementación de la ley en el próximo gobierno, "se protejan efectivamente los derechos de los consumidores sin ahogar la necesaria libertad de emprendimiento e innovación".
El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García-Huidobro, expresó su acuerdo con el perfeccionamiento de la normativa, pero no con que "se consagre en la ley una concentración de atribuciones en un solo individuo que resulta inédito en nuestro ordenamiento jurídico".
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, coincidió en este punto y agregó que la inclusión de indemnización de daño moral en demandas colectivas "generará una gran incertidumbre".
Oposición observará daño moral colectivo
Uno de los puntos que fue más difícil de destrabar en el Senado fue la indemnización por daño moral colectivo, que no se puede reclamar bajo la legislación vigente. Pero una vez que la nueva ley sea promulgada, el tribunal establecerá una indemnización por daño moral con un mínimo común para los afectados y también los consumidores podrán recurrir individualmente a un reparo si consideran que su daño es mayor.
El senador UDI, Hernán Larraín, indicó que ese es unos principales riesgos que ve en el texto porque no tiene un concepto claro y es contradictorio, ya que los daños morales no pueden ser colectivos, son siempre personales y puede abrirse a un mal uso. "Espero que en el desarrollo de esta norma podamos evidenciar si se producen estos hechos, porque en ese caso se deberían evaluar y revisar. En caso contrario, ojalá que permita cumplir el objetivo de favorecer la situación de los consumidores", manifestó el parlamentario.
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