El caso Audios ha remecido a la opinión pública, erosionando la confianza en el Poder Judicial. La legitimidad de los jueces descansa, en gran medida, en la expectativa de que los justiciables reciban un juicio justo e imparcial, libre de presiones externas o conflictos de interés.
Por ello, no sorprende que la semana pasada se presentaran tres acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados contra ministros de la Corte Suprema. Los parlamentarios oficialistas, a los que se sumaron DC, impulsaron dos acusaciones -una contra el ministro Jean Pierre Matus y otra contra la ministra Ángela Vivanco-, mientras que un grupo de parlamentarios de oposición presentó una acusación conjunta contra Vivanco y Sergio Muñoz.
A diferencia de las acusaciones recientes contra ministros de tribunales superiores, en este caso ninguno de los jueces está siendo acusado por el contenido de sus fallos. Esto excluye la posibilidad de que el Congreso interfiera en las atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
Las acusaciones contra los ministros se basan en hechos distintos, lo que requiere un análisis cuidadoso para evaluar si los cargos configuran un “notable abandono de deberes”, como lo exige la Constitución. En el caso de la ministra Ángela Vivanco, la gravedad y reiteración de su conducta comprometen su deber de imparcialidad, lo que hace improbable que continúe en el cargo. La Corte Suprema ya abrió un cuaderno de remoción y la suspendió provisionalmente. Si bien parecía prudente esperar los resultados de la investigación, los hechos podrían ser suficientes para sostener un caso de notable abandono de deberes. El caso del ministro Jean Pierre Matus es distinto. Las conversaciones con el abogado Hermosilla ocurrieron antes de que asumiera su cargo en la Corte Suprema, limitando la acusación a haber mentido sobre esos contactos. Aunque esto es cuestionable, no parece suficiente para constituir un notable abandono de deberes, ya que no hay evidencia de que haya afectado su desempeño como ministro. Finalmente, el caso del ministro Sergio Muñoz también genera preocupación. Se le acusa de haber compartido información sobre un fallo con su hija, quien tenía interés patrimonial en el caso, lo que podría constituir un notable abandono de deberes. Aunque los hechos aún están en investigación, es preocupante que la Corte Suprema no haya investigado el asunto durante dos años, a pesar del considerable patrimonio inmobiliario de su hija, también jueza. Esta inacción pone en entredicho el sistema disciplinario del Poder Judicial, en especial cuando se trata del control sobre los propios ministros de la Corte Suprema.
En suma, estos casos plantean serias interrogantes sobre la imparcialidad de algunos miembros los Tribunales de Justicia. Es de esperar que el debate sobre las acusaciones constitucionales contribuya a mejorar la situación y no a socavar el prestigio y la independencia del Poder Judicial.
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