Los países de la Unión Europea (UE)
aprobaron hoy formalmente dos importantes normas sobre inmigración:
las sanciones mínimas a los empresarios que contraten a inmigrantes
irregulares y la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy
calificados.
Ambas directivas fueron aprobadas como puntos sin debate en la
reunión de ministros de Agricultura que se celebra en Bruselas,
después de que el Parlamento Europeo (PE) las aprobase tras el
acuerdo en el seno del Consejo.
A partir de mañana, los Estados miembros tendrán un plazo máximo
de dos años para aplicar la norma sobre las sanciones, que establece
que las empresas son responsables de comprobar que todas las
personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos
en regla y sanciones mínimas para quien incumplan la legislación.
Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde
multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del
trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de
optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la
cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el
trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago
automático de los salarios atrasados.
Al mismo tiempo, la directiva prevé sanciones penales para los
casos más graves: si el empresario es reincidente; si contrata a un
gran número de personas en situación irregular; si explota a los
inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres
humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre 4 y
8 millones de inmigrantes indocumentados.
En cuanto a la "tarjeta azul", establece un sistema común de
ventajas laborales y legales para los trabajadores altamente
cualificados procedentes de fuera de la UE.
El mecanismo entrará en vigor a mediados de 2011 y permitirá que,
tras un período inicial de 18 meses en un primer país europeo, estos
inmigrantes puedan trabajar en el resto del territorio comunitario.
La norma ofrece también ventajas para el reagrupamiento familiar
y el trabajo de los cónyuges.
Los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos que sus
colegas europeos en cuestiones como condiciones de trabajo, salario,
libertad de asociación o pensiones.
El objetivo de esta medida es atraer a la UE a inmigrantes muy
cualificados, que en general suelen dirigirse preferentemente a
Estados Unidos, Canadá, Suiza o Australia.
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