Nueva ofensiva contra los cambios urbanísticos del Gobierno: Justicia declara admisible recurso de protección para frenar el DS68
Para los reclamantes, el decreto “pretende trasgredir los planes reguladores y leyes urbanísticas en materia de densidad, capacidad máxima de edificación y altura máxima”.
Por: J. Troncoso Ostornol
Publicado: Jueves 19 de noviembre de 2026 a las 11:45 hrs.
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Una nueva ofensiva se activó en contra del DS 68, el decreto supremo del gobierno con el que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para enfrentar el déficit habitacional y reactivar la industria inmobiliaria.
Un grupo de vecinos de Ñuñoa presentaron un recurso de protección en contra del Presidente José Antonio Kast y el ministro de Vivienda y urbanismo, Iván Poduje. “Han ejecutado una acción arbitraria e ilegal que priva, perturba y amenaza las garantías fundamentales establecidas en los artículos 19 N° I, N°2, 23 y 24 de la Constitución Política del Estado de Chile, con la dictación del decreto supremo 68”, dice la acción judicial presentada por Camila Donoso, consejera del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) de Ñuñoa y presidenta de la Junta de Vecinos Arturo Prat de Ñuñoa; María Lemus, consejera del Cosoc y presidenta de la Junta de Vecinos Nro. 5 Plaza Bremen; Mirna Retamal, secretaria de la Junta de Vecinos Nro. 5 Plaza Bremen; Luisa Villarroel, abogada, y Tusnelda Urra, consejera del Cosoc y presidenta de la Junta de Vecinos Nro. 32 Villa Olímpica.
En concreto, las reclamantes solicitaron que se deje sin efecto lo dispuesto en el DS 68.
La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso sólo en cuanto es interpuesto en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y solicitó un informe a la misma secretaría de Estado.
El ministerio solicitó a la justicia una ampliación de plazo para evacuar el informe debido, dijo, a “la complejidad de la materia recurrida y la necesidad de recabar la información”, lo que fue acogido por el tribunal de alzada.
La corte y el TC
El recurso de protección se suma al proceso que se lleva adelante ante el Tribunal Constitucional, luego que un grupo de parlamentarios impugnaran las modificaciones a la OGUC. Tras ser declarado admisible a principios de noviembre, el TC revisará si el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria y vulneró la autonomía municipal consagrada en la Constitución al alterar condiciones de los planes reguladores mediante un decreto.
El Minvu ha defendido la norma como una herramienta para dinamizar la construcción, ampliar el acceso a vivienda y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.
No obstante, según plantearon en su recurso de protección las vecinas de Ñuñoa, el decreto establece como beneficios urbanísticos, condiciones que no lo son, pues en realidad -a su juicio- son perjuicios ya que establece excepciones arbitrarias e ilegales.
“Este DS de manera absolutamente arbitraria, se desvía del propósito de la ley y vulnera flagrantemente lo dispuesto en la normativa urbanista compuesta tanto por la LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcciones) como la ordenanza (OGUC), planos reguladores y toda la normativa urbanística que afectarán los derechos al asoleamiento, privacidad, desplazamiento, aireamiento y el de uso y goce de las zonas algunas de ellas con protecciones especiales como las de conservación histórica”, señalaron en su recurso, y agregaron: “Este DS 68, de hecho, pretende trasgredir los planes reguladores y leyes urbanísticas en materia de densidad, capacidad máxima de edificación y altura máxima”.
El abogado experto en materias inmobiliarias, Rodrigo Andreucci, estima que las posibilidades de que sea acogido el requerimiento por el TC y el recurso de protección por la Corte de Apelaciones, es de un 50%. "Si sucede aquello en alguna de estas dos instancias, o en ambas, sería un traspié que para corregirse se va a necesitar dictarse una ley de quórum simple que modifique ahora la LGUC y no la OGUC. Pero, si se pierde en ambas instancias las negociaciones serán complejas ya que sería un espaldarazo al municipalismo”, sostuvo.
Además, señaló que, si el Gobierno gana en ambas sedes judiciales, el verdadero peligro -a su juicio- está en los posteriores reclamos de ilegalidad contra los permisos de edificación aprobados al amparo del DS 68. “Los mayores juicios se van a dar los próximos 22 meses antes de la elección de alcalde de octubre del 2028”, afirmó.
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