Multigremial de Emprendedores propone plan para crear y formalizar cerca de 100 mil empleos en dos años
El gremio planteó siete medidas que incluyen subsidios a la contratación y mejoras en las compras públicas y cambios regulatorios.
Por: Carolina León
Publicado: Martes 17 de noviembre de 2026 a las 04:00 hrs.
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En medio de un escenario laboral marcado por las dificultades para recuperar el empleo, la Multigremial de Emprendedores elaboró un paquete de siete propuestas orientadas a impulsar la contratación y formalización de trabajadores en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYME).
El plan contempla la creación o formalización de cerca de 101 mil puestos de trabajo en un plazo de 18 a 24 meses, de los cuales aproximadamente 77 mil corresponderían a nuevos puestos y otros 24 mil a trabajadores formales.
Las medidas consideran subsidios a la contratación, incentivos para que las microempresas formalicen a sus primeros trabajadores, mejoras en el acceso a las compras públicas y modificaciones a exigencias regulatorias que enfrentan las empresas cuando aumentan su dotación.
La iniciativa tendría un costo fiscal cercano a $ 400 mil millones anuales, recursos que, según explicó el presidente del gremio, Juan Pablo Swett, podrían financiarse mediante una combinación de reasignaciones presupuestarias y nuevos aportes fiscales.
“El nuevo subsidio a la contratación reemplazaría al subsidio actual de Sence, que se deja de pagar en diciembre. Los fondos de Chile Despega comprometidos para 2027 podrían destinarse a este nuevo instrumento”, sostuvo.
El resto de los recursos, agregó, tendría que incorporarse en la Ley de Presupuestos 2027, actualmente en discusión en el Congreso, como un gasto transitorio y no permanente.
Swett defendió el costo de la iniciativa, comparándolo con el crédito tributario al empleo que el Ejecutivo propuso en el proyecto de reconstrucción, cuyo gasto anual superaba los US$ 1.400 millones.
“Nuestro paquete cuesta menos de un tercio de eso. Además, cada empleo cuesta unos US$ 4.000 al año, menos de dos tercios de lo que cuesta un año de sueldo mínimo”, afirmó.
El dirigente argumentó que parte del desembolso fiscal podría recuperarse mediante mayores cotizaciones y menores pagos del Seguro de Cesantía. Además, enfatizó que los subsidios estarían condicionados a un aumento efectivo de las contrataciones.
Los incentivos
Uno de los componentes del paquete contempla subsidiar el primer contrato formal de una microempresa, mediante un aporte equivalente al 30% de la remuneración durante 12 meses.
Según Swett, el objetivo es reducir las barreras que enfrentan las empresas de menor tamaño cuando incorporan por primera vez a un trabajador formal, tanto por los costos asociados como por las obligaciones administrativas.
La propuesta contempla resguardos para evitar el uso indebido del beneficio. Entre ellos, que la empresa aumente su número de trabajadores formales, que devuelva el subsidio si termina el contrato antes de seis meses por decisión del empleador y que se excluya a socios y cónyuges.
En caso de observarse un retorno significativo a la informalidad, planteó la posibilidad de extender parcialmente el beneficio durante algunos meses adicionales.
Otro de los ejes del plan apunta a cambiar obligaciones que se activan cuando las empresas alcanzan determinados tamaños, las que, según el gremio, pueden desincentivar nuevas contrataciones.
Swett identificó cinco, entre ellas: el libro electrónico de remuneraciones, el reglamento interno, la sala cuna, los comités paritarios y los departamentos de prevención de riesgos.
A su juicio, la obligación más costosa es la sala cuna, por lo que respaldó el proyecto en discusión en el Congreso que busca universalizar ese derecho.
Para otras exigencias, sugirió simplificar su cumplimiento mediante herramientas estatales gratuitas, como la generación automática del libro de remuneraciones desde PreviRed y la entrega de reglamentos internos tipo.
También planteó que las firmas de 26 a 50 trabajadores puedan contar con un delegado de seguridad, mientras aquellas de entre 100 y 199 accedan a servicios compartidos de prevención de riesgos.
“Nada de esto reduce la protección, pues la ley obliga a todo empleador, sin importar su tamaño, a proteger la vida y la salud de sus trabajadores”, aseguró.
En materia de financiamiento, proponen que, para las inversiones en maquinaria, equipos e infraestructura productiva realizadas por empresas del régimen Pro Pyme durante 2027 y 2028, el valor tributario de la depreciación instantánea pueda imputarse contra los pagos provisionales mensuales del mismo año o, si la empresa tiene pérdida tributaria, se devuelva en la Operación Renta siguiente, con un tope anual por empresa y excluyendo vehículos de uso particular y bienes raíces no productivos.
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