La alta rotación de directivos públicos en medio de los cambios de gobierno se tradujo en una serie de propuestas de parte del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (IPP UNAB) para fortalecer la capacidad del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y, en esa línea, la profesionalización de la gestión estatal.
Las ideas fueron plasmadas en un informe de la entidad realizado por Trinidad Valdés, el que constató -a partir de la revisión de antecedentes del Consejo de ADP- que durante 2022-2026 se registraron 758 egresos entre los 958 directivos que mantenían nombramientos vigentes al inicio de la administración Boric.
De dichas salidas, los egresos no voluntarios alcanzaron el 40,7%, los voluntarios 15,8%, las no renovaciones 16,8% y el cumplimiento de los tres períodos el 5,8%.
La rotación fue especialmente notoria en el primer nivel jerárquico: todos los directivos que estaban en funciones al comenzar el período dejaron sus cargos.De ellos, un 68% fue salidas no voluntarias.
En el segundo nivel jerárquico, se contabilizaron 658 egresos sobre un universo de 858 directivos, equivalentes al 76,7%.
El fenómeno, sin embargo, no fue exclusivo del gobierno anterior. Según el estudio, las salidas no voluntarias y las no renovaciones representaron el 57,5% de los directivos con nombramientos vigentes al inicio de 2022-2026, proporción inferior al 60,2% registrado entre 2010 y 2014, al 62,7% de 2014-2018 y al 58,6% de 2018-2022.
758 egresos hubo durante 2022-2026 entre los 958 directivos que mantenían nombramientos vigentes.
Estos antecedentes, dijo el análisis, reflejan que las modificaciones legales introducidas en 2016 para reducir el impacto de los cambios de administración han resultado insuficientes.
Para Valdés, la confianza política sigue siendo un factor relevante en la permanencia de las jefaturas, particularmente en el primer nivel jerárquico.
Problemas del sistema
Creado en 2003 para profesionalizar la selección de las jefaturas del Estado mediante concursos basados en el mérito, el sistema ADP ha crecido. Entre 2004 y 2025, su participación en la provisión de cargos pasó de 688 a 5.406.
Sin embargo, el estudio advirtió que este aumento no estuvo acompañado de un fortalecimiento proporcional de las capacidades institucionales, lo que -unido a la elevada rotación-, ha contribuido a generar vacancias prolongadas.
Incluso, durante el tercer y cuarto año de los últimos gobiernos, la proporción de cargos provistos no ha superado el 70% del total.
A ello se agrega los costos de funcionamiento. Durante 2025, los gastos asociados al sistema fueron $ 4.321 millones, un costo promedio de $ 8,5 millones por concurso concluido, sin considerar las indemnizaciones por desvinculaciones y no renovaciones.
Ese mismo año, de 449 procesos de selección, 74 fueron declarados desiertos, equivalentes al 16,5%. De ellos, 57 correspondieron a decisiones de la autoridad encargada del nombramiento y 17 al Consejo o Comité de Selección, por no reunir el mínimo de candidatos idóneos.
Las propuestas
Frente a este escenario, el informe planteó avanzar hacia un modelo que distinga entre los cargos de carácter predominantemente técnico y ejecutivo de aquellos que, por sus funciones, requieren un mayor grado de confianza política.
Para los primeros, aconsejan limitar las posibilidades de remoción por razones de confianza, vinculando su permanencia al cumplimiento de los convenios de desempeño y a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.
“Mientras más ejecutivo y medible sea un cargo, menos debiera depender su permanencia de la confianza política y más de su desempeño”, expuso el documento.
También se sugirió fortalecer los instrumentos de evaluación y permitir que cada nueva administración revise -durante sus primeros tres meses-, los objetivos programáticos establecidos en los convenios, para compatibilizar la continuidad de los directivos con las prioridades del gobierno entrante.
Otra de las medidas apunta a ampliar de tres a cuatro años la duración de los nombramientos en determinados servicios de carácter ejecutivo o técnico, entre ellos el Registro Civil, el Instituto de Previsión Social, el Servicio de Impuestos Internos y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Para las jefaturas de naturaleza más bien política, en cambio, el análisis propuso establecer un mecanismo diferenciado de nombramiento, que reconozca la necesidad de confianza de la autoridad, pero mantenga requisitos de mérito e idoneidad.
Entre los servicios considerados para esta modalidad figuran el Servicio Nacional de Migraciones, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
También plantearon revisar la gobernanza de organismos como la Dirección del Trabajo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y algunas superintendencias, con el propósito de reforzar su autonomía de gestión y favorecer la continuidad de las políticas públicas.
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Carolina León
