Cuando la muerte de Alberto Nisman golpeó a Argentina en enero, la presidenta Cristina Fernández diseñó un camino de salida del gobierno que implicaba su renuncia y forzar la caída de Amado Boudou y Gerardo Zamora, eventuales sucesores por la ley de Acefalía, para entronar en la Casa Rosada a Julián Domínguez, actual presidente de la Cámara de Diputados. Domínguez tenía que asumir después de las primarias y como primer acto institucional debía firmar un decreto de necesidad de urgencia que clausurara la comparecencia judicial de Fernández, frente a las diversas causas abiertas que investigan la corrupción de su gobierno. La mandataria ya había ordenado a Carlos Zannini analizar los antecedentes legales y estaba bosquejando su discurso de despedida, cuando comprendió que su fuga del poder no era aprobada por el Papa Francisco, preocupado por el caso Nisman y sus consecuencias políticas y judiciales.
El Sumo Pontífice consideró fundamental para la consolidación del sistema democrático que la mandataria entregara la banda presidencial a un sucesor elegido en comicios libres y transparentes.
La consulta a Roma voló entre la muerte dudosa del fiscal Nisman y la marcha del 18 de febrero, cuando aún estaba vigente la denuncia de encubrimiento contra la líder. En esos días, la presidenta dormía poco y aguardaba con premura y tensión que llegara la respuesta desde Europa.
Fernández quería que Francisco intercediera ante los candidatos a presidente para evitar su rechazo al plan de fuga y que usara su influencia en la justicia federal para obtener piedad en las causas que investigan su presunta participación en hechos de corrupción.
El Papa detonó sus aspiraciones políticas. Rechazó la crisis institucional como artilugio político y apostó a la democracia como método para dirimir diferencias y resolver encrucijadas históricas. La fuerte negativa hundió el plan de fuga y evitó un nuevo capítulo traumático en la historia nacional.
Por unos días, molesta y decepcionada, Fernández criticó al líder de la Iglesia Católica por su oposición al plan de fuga. Pero ya se le pasó: ordenó a Eduardo Valdez, embajador argentino en el Vaticano, que proponga un último encuentro con el Papa antes que concluya su mandato presidencial. Será en Roma y después de los comicios. Francisco reza para que nada interfiera en las elecciones y la transición política. Ni siquiera una foto protocolar, a las puertas de Santa Marta.
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