El Gobierno peruano declaró hoy el estado de
emergencia por 30 días en cuatro provincias de la selva afectadas
por las movilizaciones indígenas, que llevan nueve días con el
bloqueo de carreteras y la toma de instalaciones energéticas.
Un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros
señaló que la medida de excepción se aplica, a partir de hoy, en las
provincias de Bagua y Utcubamba (departamento de Amazonas), en la
provincia de Datem del Marañón (Loreto) y el distrito de Echarate,
en la provincia de La Convención (Cuzco).
La norma publicada en la gaceta oficial El Peruano subrayó que
durante los 30 días quedan suspendidos los derechos a la libertad y
seguridad, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y
tránsito en el territorio.
Las 65 etnias amazónicas piden al Gobierno la derogatoria de más
de una treintena de decretos que suponen para ellas un atentado
contra sus vidas y alientan la venta indiscriminada de tierras de la
Amazonía.
También exigen el cumplimiento del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que compromete a los
gobiernos a respetar los derechos de los pueblos autóctonos.
El presidente de Aidesep, el mayor gremio indígena, Alberto
Pizango, declaró hoy a CPN radio que "los pueblos nativos han dicho
que no van a deponer la movilización", pero que respetarán "todos
los derechos humanos" de la ciudadanía.
"Más bien a nosotros nos están violentando y el Gobierno va a
violentarnos más con estas acusaciones que viene haciendo a los
dirigentes", agregó Pizango en alusión a las referencias del
Gobierno de que los nativos están siendo azuzados por "extremistas".
El dirigente se quejó de que los pueblos nativos no tienen
derecho a la vida porque sus tierras van a ser ofrecidas a las
empresas trasnacionales para la explotación de hidrocarburos.
En tanto, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, el
interlocutor oficial en el diálogo con los nativos, dijo hoy a los
periodistas que están "esperando la decisión de los apus (líderes
indígenas) de Aidesep sobre si van a suspender el paro o no".
El primer ministro, Jorge del Castillo, exigió ayer el fin de la
protesta de los indígenas amazónicos como requisito indispensable
para reanudar el diálogo truncado el viernes pasado.
"El Gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando", dijo Del
Castillo en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, al acusar a
"sectores ultras" supuestamente infiltrados en la protesta con el
fin de "colapsar el sistema energético en Perú".
El diálogo fracasó el viernes debido a que los representantes
indígenas consideraron que la delegación oficial, encabezada por
Brack, no tenía capacidad de decisión sobre los puntos de su pliego.
En Cuzco los indígenas tomaron esta semana dos instalaciones
gasísticas y han bloqueado diversas vías en la provincia de La
Convención, mientras que en la región Ucayali las protestas han
dejado varadas ocho embarcaciones proveedoras de la empresa
argentina Pluspetrol.
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