El Gobierno español propone a la cumbre del
G-20, que se celebrará en abril en Londres, obligar a las entidades
financieras a informar sobre sus riesgos y las retribuciones de sus
altos cargos y convertir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en
supervisor del sistema financiero mundial.
Las propuestas están incluidas en un documento de diez puntos
enviado a Londres por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El documento sugiere, a corto plazo, para reactivar el crédito,
que los gobiernos compartan con los bancos el riesgo de nuevos
préstamos o aseguren los suministros de seguros de crédito,
prestando especial atención al crédito a la exportación.
Reclama además un "compromiso político renovado" con el libre
mercado, ya que considera que uno de los mayores riesgos es el
recurso a soluciones proteccionistas.
La primera de las diez propuestas españolas para la reforma del
el sistema financiero internacional defiende que "las autoridades
públicas deben tener toda la información relevante" sobre las
entidades bancarias y los mercados.
Apuesta así, entre otras medidas, por establecer "requisitos
obligatorios de información para los fondos de alto riesgo" y por
crear "registros de transacciones en los mercados extrabursátiles,
incluyendo los mercados interbancarios en los que habitualmente no
hay información disponible".
La segunda propuesta se centra en establecer un sistema de
provisiones anticíclicas que sirvan a las entidades financieras para
cubrir sus riesgos durante las épocas de bonanza y para evitar que,
en momentos de incertidumbre como el actual, los bancos dejen de
conceder crédito a prestatarios solventes.
La tercera idea parte de la base de que los activos de las
entidades financieras han sido sobrevalorados en el pasado reciente,
por lo que es necesario mejorar los estándares contables para
suministrar información fidedigna a los inversores.
En esta misma línea, el Gobierno español apuesta por garantizar
el derecho de los clientes de los bancos a recibir información
exacta y justa y reclama medidas "enérgicas" contra las prácticas
engañosas o abusivas.
La quinta propuesta busca establecer algún tipo de control sobre
las retribuciones de los ejecutivos de la banca.
Las dos siguientes propuestas van dirigidas a reformar el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
En opinión del Gobierno español, las cuotas a este organismo
deberían aumentar para reforzar su papel "de prestamista de última
instancia", con un marco más flexible, y la comunidad internacional
debería aceptar su papel de supervisor y "árbitro" financiero
internacional.
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