El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha designado a Angélica Maytín al frente de la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai), y a Guido Rodríguez para dirigir el Tribunal de Cuentas.
Los nombramientos de estas dos instituciones clave reflejan el intento de aumentar la transparencia del gobierno. Maytín tiene larga trayectoria como activista de derechos civiles y portavoz. Se desempeñó durante 18 años como directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (FDLC).
Al aceptar el cargo, Maytín dijo que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos y que iba a trabajar con los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, prometió modernizar las instituciones del país con el fin de ponerlas al nivel internacional anticorrupción.
Antai es responsable de la formulación de políticas públicas para hacer cumplir las normas nacionales e internacionales en materia de corrupción, transparencia, ética y acceso a la información. El gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), marginó a Antai, lo que derivó en un aumento en la percepción de la corrupción.
No es política, es obligación
Varela ha mostrado su determinación al afirmar que su gobierno se prepara para iniciar procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los intereses financieros de la nación y llevar a los responsables de corrupción ante la justicia.
Según el presidente, la persecución de estos casos (muchas investigaciones por corrupción están en curso), no está motivada por políticas sino por el imperativo de cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Al asumir su cargo en el Tribunal de Cuentas, Rodríguez, un ex periodista que presidió el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo entre 2006 y 2009, hizo severas declaraciones, diciendo que la sociedad panameña había tenido suficiente corrupción y que cualquier esfuerzo para romper el ciclo de impunidad sería bienvenido.
El tribunal tendrá la responsabilidad de recuperar el dinero que robaron funcionarios corruptos durante la pasada administración.
Hacer negocios en Panamá
Pese a la corrupción, el escenario de negocios de Panamá sigue siendo el mejor en Centroamérica y uno de los más favorables en América Latina en general, según el informe Doing Business 2015 del Banco Mundial.
Esto se debe a varios factores, como las convenientes condiciones para realizar transacciones comerciales internacionales; el reciente fortalecimiento del marco jurídico para el acceso a crédito; costos y procedimientos de obtención de electricidad relativamente bajos; y pasos sencillos y baratos para la apertura de un nuevo negocio.
Pese al progreso en esta y otras áreas en los últimos años, el entorno empresarial en Panamá continúa siendo obstaculizado por otros factores como la complejidad del sistema fiscal, procedimientos ineficientes de insolvencia y cumplimiento de contratos, fallas en el marco legal para la protección de los accionistas minoritarios y normas relativamente complejas para la obtención de permisos de construcción y registros de la propiedad.
En general, Panamá avanzó tres puestos en el ranking Doing Business 2015, a la posición 52 entre 189 países, principalmente debido a la reciente adopción de nuevas normas para la utilización de la garantía y disponibilidad online de los reportes de crédito de los deudores.
Esto mejora los derechos de los prestadores y el acceso a la información del acreedor a niveles comparables con los de los países OCDE, elevando Panamá 28 posiciones, a la 17, en la categoría de Acceso a Crédito, una de las diez evaluadas en el estudio del BM.
Empezar un nuevo negocio en Panamá sigue siendo fácil bajo los estándares de la OCDE, pero con otras naciones haciendo rápidos progresos en facilitar los procedimientos, el país ha caído dos posiciones en el ranking global, a la posición 38.
Panamá también cae una posición en la categoría comercio transfronterizo (a la 9), protección de inversiones minoritarias (a la 76), resolución de la insolvencia (a la 132), y pago de impuestos (166).
Por el contrario, es evidente que el país todavía tiene que abordar obstáculos estructurales clave para hacer negocios, incluyendo la fuerza de los códigos de gobierno, normas de divulgación y responsabilidad de gestión en lo que respecta a la protección de los accionistas minoritarios.
Del mismo modo, es necesario actuar para reducir el tiempo y los altos costos relacionados con la finalización de los procedimientos de insolvencia, así como el número elevadísimo de tributaciones por año, si bien los impuestos efectivos siguen siendo más bajos que en los países de la OCDE.
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