Durante décadas, las autoridades colombianas han dicho al mundo y a sus propios ciudadanos que anhelan convertirse en una potencia del Pacífico y que las provincias más pobres de esa costa recuperen terreno frente a las regiones más vibrantes del Caribe. Pero no es fácil de creer.
La última promesa fue lanzada en el puerto de Buenaventura por el presidente Juan Manuel Santos el 25 de octubre, cuando reveló detalles para una estrategia de desarrollo de US$ 400 millones para la costa Pacífico, incluyendo un compromiso por US$ 12 millones para proveer agua potable a todos los residentes de la región. Reconociendo que la gente ya ha oído antes lo mismo, declaró: "Esta vez... no es una estrategia que viene de la capital. Será supervisada e implementada desde acá".
Mientras la economía colombiana vive un auge –el banco central proyecta un crecimiento de 5% en 2014- las regiones del Pacífico languidecen. En Buenaventura, el segundo puerto de contenedores del país, los enormes buques conviven con las chozas de madera que sólo tienen agua tres horas al día, los niños desnutridos y la violencia. El desempleo en el puerto supera el 40%, y en otras áreas cercanas la situación es peor.
Los gobiernos han tratado de ayudar. En los últimos 40 años ha habido planes maestros, informes de política y estrategias. Algunos se han enfocado en la infraestructura, otros en la ecología, y otros en la pobreza. Pero al final terminan desinflándose. Eso, a pesar de que en política exterior, Colombia asigna un gran valor a su estatus como nación del Pacífico. Desde hace dos décadas que sueña con unirse al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, cuyos miembros representan 63% de su comercio y 50% de su inversión extranjera. Y es uno de los miembros fundadores de la Alianza del Pacífico.
Como parte de su último plan, las autoridades han desempolvado viejos proyectos, incluyendo un oleoducto y un ferrocarril que se extendería desde los campos petrolíferos del este hasta Buenaventura. Otros consideran un "corredor" que una el Caribe y el Pacífico por río y carretera a través de la provincia de Chocó.
Estos planes deberán ofrecer beneficios económicos para la gente común y protección para la biodiversidad del área, dice Luis Gilberto Murillo, un dirigente de Chocó al que Santos le pidió que lidere la última iniciativa.
Arraigada desconfianza
Pero existe desconfianza entre los habitantes del Pacífico y la capital. Las grandes figuras nacionales del poder se resisten a permitir que autoridades locales ligeras de dedos manejen los fondos. Un miembro de una asamblea provincial del norte fue proscrito de la vida pública tras expresar estas sospechas de una manera racista; luego de que en 2012 dijera que "invertir dinero en Chocó es como echarle perfume al excremento".
Por su parte, los habitantes del Pacífico resienten que los planes sean desarrollados en Bogotá. "No son para nosotros, son para los grandes empresarios", dice Mario Riascos, líder de una comunidad en Buenaventura. Su aceptación por parte los residentes es crucial, ya que 84% de toda la tierra en la región está sujeta a títulos de derecho colectivo otorgados a grupos indígenas y de color en 1993. Esto fue visto como un triunfo de los pobres pero los empresarios dicen que frenó el crecimiento porque dificulta a las empresas acceder a la tierra.
El último anuncio ya suena a promesas vacías a algunos. El 4 de noviembre los residentes de Buenaventura salieron a protestar porque algunos de los distritos llevaban diez días sin agua.
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