El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está adoptando un plan de contingencia para impulsar la producción petrolera en el corto plazo y para elevar las reservas en el largo plazo. Sin embargo, algunas de las medidas propuestas han recibido críticas de diversos sectores.
La producción de petróleo cayó 3% anual en enero-julio, a un promedio de 979 mil barriles diarios (b/d), principalmente como resultado de los continuos ataques sobre la infraestructura de transporte de petróleo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos de guerrilleros de izquierda, al igual que las menores tasas de perforación y extracción. El gobierno inicialmente esperaba que la producción de petróleo promediara 1 millón de b/d este año (lo mismo que en 2013), pero esto ha sido recortado a 987 mil b/d.
Con el fin de impulsar la producción por sobre la marca de 1 millón de b/d antes de fines de 2014, la administración Santos anunció en agosto una serie de medidas de emergencia, incluyendo la mejora de la seguridad para resguardar los principales oleoductos del país; acelerar la aprobación de las licencias ambientales; y facilitar los procesos de consulta con las comunidades sobre nuevos proyectos. Sin embargo, anteriores intentos del gobierno para abordar estos últimos dos temas no han tenido efectos tangibles, despertando dudas de que la nueva estrategia vaya a funcionar. Mientras tanto, las FARC han mantenido su ofensiva militar como una estrategia para ganar una mano más fuerte en las actuales negociaciones de paz con el gobierno, que se están desarrollando en Cuba.
Más recientemente, el gobierno anunció una nueva regulación que permitirá el uso de la fracturación hidráulica (conocida como “fracking”), una técnica de perforación que es rechazada por los ambientalistas locales e incluso por algunos miembros de la industria, debido a los temores de efectos secundarios negativos.
Inversionistas escépticos
En otros países, el fracking ha sido vinculado a la contaminación del agua e incluso a los terremotos.
Aunque la administración Santos ha reconocido que el fracking plantea ciertos riesgos, ha tratado de asegurar al público de que cualquier proyecto que utilice esta tecnología tendrá que seguir procedimientos ambientales estrictos. Esto, a su vez, despierta dudas de que los proyectos de fracking puedan ser viables en el corto plazo. A pesar de los esfuerzos del gobierno por alentar las inversiones en la industria, los inversionistas extranjeros parecen más preocupados por los temas de seguridad que por la carga de la burocracia. El aumento del suministro global de petróleo también ha reducido el apetito en el sector.
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