Por Victoria Ruan
Beijing
El liderazgo de China decidió convertir la reforma fiscal en el punto fuerte de las reformas económicas y sociales que Beijing busca lanzar en la próxima década.
Uno de los mayores focos de la reforma fiscal sería dividir más razonablemente los ingresos y gastos entre el gobierno central y las autoridades locales, afirmó recientemente en diversas entrevistas el ministro de Finanzas, Lou Jiwei.
Beijing también planea hacer el sistema presupuestario más justo y más abierto, modernizar la estructura tributaria y podría permitir que los gobiernos locales emitan deuda directamente, aunque el liderazgo todavía no define un cronograma para estrenar estas medidas.
Las reformas, destacadas en un documento publicado tras del tercer pleno del Partido Comunista el mes pasado, serían la mayor revisión del sistema fiscal, vigente desde 1994, y se espera que aborden los desequilibrios estructurales profundamente arraigados en la economía que han llevado a inversión ineficiente, burbujas inmobiliarias, mayor brecha de riqueza y seria contaminación.
“Durante mucho tiempo hemos creído que la reforma fiscal es clave para enfrentar algunos de los riesgos financieros y económicos más grandes de la deuda del gobierno local, limitaciones de presupuesto suave y la burbuja inmobiliaria”, aseguró Chang Jian, economista de Barclays Capital. “Creemos que sin una reforma fiscal significativa, la aceleración en la liberalización financiera sería prematura y llevaría a mayores riesgos financieros”.
Uno de los principales problemas es la enorme brecha entre los limitados ingresos de las autoridades locales y el fuerte gasto que asumen al supervisar las provincias, ciudades, condados y municipios.
El gobierno central, que tiene la decisión final sobre grandes proyectos industriales y políticas, sólo necesita aportar con 15% del gasto público total. El resto debe ser hecho por varias categorías de gobiernos locales, a pesar de que ellos comparten sólo la mitad de los ingresos fiscales.
“La poco razonable e injusta distribución de intereses entre el gobierno central y las autoridades locales ha alimentado los conflictos sociales”, declaró Li Zuojun, analista senior del Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado.
Las limitaciones sobre los recursos fiscales han provocado que los gobiernos locales vendan terrenos para financiar la infraestructura. Ellos a menudo ignoran las órdenes del gobierno central para que controlen las inversiones en áreas como propiedades de lujo y canchas de golf, dificultando la tarea de Beijing de implementar políticas eficazmente.
“El gobierno central siempre es bueno en hacer pedidos, mientras que las autoridades locales tienen que pagar las cuentas”, según Liu Shangxi, investigador senior del Ministerio de Finanzas.
A veces, el gobierno central realiza transferencias específicas de fondos fiscales a autoridades locales cuando hay una necesidad de financiamiento adicional, pero el sistema genera sospechas y crea vacíos para la corrupción.
Los investigadores llamaron al gobierno a aceptar más responsabilidad en el gasto en áreas como la seguridad social.
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