Por Isabel Ramos Jeldres
Durante años, Tamaulipas se hizo famoso por las razones equivocadas. El estado del noreste de México, en la frontera con Texas, ha sido un territorio golpeado por la violencia del narcotráfico. Desde comienzos de abril, más de 80 personas han muerto por culpa de la lucha entre los dos carteles más violentos del país: los Zetas y el cartel del Golfo. El último candidato del PRI a la gobernación, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera en plena campaña electoral. Y la semana pasada el jefe de inteligencia mexicano, Salvador Haro Muñoz, fue asesinado luego de que su auto fuera emboscado en la capital estatal, Victoria.
Esto llevó al presidente Enrique Peña Nieto a aplicar una intervención total en la región, colocando bajo el control de los militares la seguridad de Tamaulipas y sus 3 millones de habitantes, mientras realiza un cambio en la gestión de la policía.
No es el primer intento del gobierno mexicano por poner fin a la violencia derivada del tráfico de drogas, pero es un enfoque distinto. Peña Nieto abandonó el discurso de “guerra contra el narcotráfico” de su predecesor, Felipe Calderón, y está apelando al uso de los servicios de inteligencia en lugar de la fuerza bruta.
Durante el primer trimestre, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Tamaulipas se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en cantidad de secuestros, con una tasa de 1,97 denuncias por cada 100 mil habitantes; en el cuarto lugar en extorsiones, con una tasa de 2,57; y en el décimo en homicidios, con 4,03 por cada 100 mil habitantes.
En el centro del plan, presentado esta semana por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, están las fuerzas de seguridad. El gobierno central desmanteló las más de 40 estaciones de policía del estado, por la sospecha de que tuvieran vínculos con el tráfico. Dividió a la región en cuatro zonas, cada una de las cuales quedará a cargo de un oficial del Ejército o la Armada que se encargará de implementar las órdenes centrales.
Los militares establecerán cinco puestos de control con tecnología avanzada en las carreteras que conectan a las mayores ciudades del estado y se reforzará la vigilancia en puertos, aeropuertos y Aduanas. “Instalaremos equipo de inspección en puntos estratégicos con el fin de inhibir el traslado ilegal de personas, realizaremos patrullajes las 24 horas del día, los siete días de la semana en las principales zonas urbanas”, anunció Osorio.
Pero esas soluciones serán temporales, mientras se crea un centro encargado de la formación de los nuevos agentes de policía, el Instituto para la Formación Policial e Investigación, y se mejorarán las remuneraciones y prestaciones de los policías.
La fiscalía estatal, por su parte, también sufrirá una depuración completa. En su lugar, la Procuraduría General de la República instalará cuatro fiscalías regionales, una en cada zona referida, para atender e investigar los delitos con mayor efectividad.
Los tres estados que colindan con Tamaulipas también serán incluidos en el plan, para evitar que los narcos huyan a esos territorios.
Trabajo de inteligencia
Con este plan, el gobierno busca tres objetivos principales: desmantelar a los grupos criminales a través de un trabajo de inteligencia, sellar las rutas del tráfico de personas, drogas, armas y dinero, y crear instituciones de seguridad confiables.
Uno de los pilares de la intervención de Tamaulipas es el trabajo de inteligencia. El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que en la zona se incorporaron nuevos equipos de inteligencia e investigación para atender los casos de secuestro.
Asimismo, las fuerzas federales trabajarán en coordinación con los policías municipales y estatales y se aumentarán los exámenes de control de confianza a la fuerza pública. “Se está trabajando con una gran cohesión entre fuerzas de seguridad, privilegiando la información de inteligencia”, dijo.
Escasez de limas en los bares
La guerra entre los carteles de droga mexicanos está teniendo consecuencias insospechadas en los bares de EEUU y Canadá.
La caja de limas, que hasta hace unos meses se vendía a entre US$ 30 y US$ 40, ahora se ha disparado a US$ 200, según dueños de restaurantes en Canadá. En EEUU, una caja de 200 unidades se vende hoy por entre US$ 80 y US$ 130, frente a US$ 15 el año pasado.
¿La razón? El mal tiempo y el brote de una plaga que afecta a los cítricos (huanglongling) destruyeron la cosecha de limas en Florida, lo que obligó a los proveedores a importar desde México. Aprovechando el alza en los precios, el cartel de los Caballeros Templarios ha tomado el control de los huertos locales. "Han tenido algunos desafíos con el clima, pero también debido a la escasez mundial, los carteles se involucraron. Los señores de la droga ahora controlan parte de la oferta en algunas provincias de México", explicó Ian Tostenson, de B.C. Restaurant Association, a la cadena local CBC. La mayor producción de limas proviene del estado de Michoacán, donde opera el cartel de los Caballeros Templarios, por eso, ahora los consumidores norteamericanos reciben tragos con limones, en lugar de limas.
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