El Contralor de la República, Jorge Bermúdez, cerró definitivamente la puerta a una alternativa que permita la toma de razón del reglamento impulsado por el gobierno para que las empresas de telecomunicaciones almacenen por dos años todos los registros de voz, mensaje y tráfico de datos de sus clientes, con el fin de disponer de esta información para investigaciones judiciales.
La modificación al reglamento liderado por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sufrió un revés en la Contraloría hace unas semanas, que tomó razón de las propuestas.
Consultado ayer, Bermúdez fue tajante al señalar que para hacer esta modificación se requería una reforma legal, cerrando la puerta a las aspiraciones de la autoridad que buscaba establecer un acercamiento con el organismo para entender sus razones y, de ser necesario, introducir modificaciones.
“A buen entendedor pocas palabras, para decirlo en términos bien claros. El dictamen de representación de ese decreto se explica por si solo. Esta es una materia que tiene que regularse por la ley, es decir tienen que haber una ley que habilite este tipo de materias y que permita mantener eso datos y obligar a las empresas a almacenarlos, por lo tanto la sede donde debe hacerse es en el Congreso y luego dictar un reglamento como se pretende hacer”, aclaró Bermúdez.
Luego insistió con que este tema “está zanjado en el sentido que es un tema legislativo, obviamente la iniciativa legislativa la tiene el Ejecutivo, así que ellos pueden perfectamente presentar un proyecto”, aclaró.
Consultado el gerente de regulación de VTR, Matías Danús, precisó que la industria avaló la postura del Contralor sobre la visión de que se requiere un cambio legal.
“Lo que pedimos fue que se nos aclare el marco legal vigente. Creemos que debe haber debate transparente, social y que se encuentre un equilibrio. Siempre que sea técnicamente viable vamos a responder al requerimiento legal vigente, pero no nos pongan en la posición de tener que desafiar a nuestros clientes que, por colaborar con la policía, vamos a tener entregar información. Si hay un tribunal que lo ordena estamos obligados, pero si lo pide un policía sin la formalidad legal nos negaremos sistemáticamente”, aclaró.
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