Constructoras analizan llevar a Contraloría oficio que frena edificaciones
Minvu emitió en mayo una nueva interpretación de la normativa vigente que está deteniendo inversiones millonarias en algunas comunas.
Por: Jimena Catrón S.
Publicado: Lunes 4 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.
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Permisos de construcción congelados, ventas de terrenos que se han caído y pérdidas de varios millones de dólares ha comenzado a ser la tónica en varios puntos de la comuna de Estación Central.
La razón se encuentra en que desde mayo pasado, en aquellas zonas de edificación contigua, no se puede construir ni un solo piso. Literalmente.
Esto a raíz de un oficio firmado por el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Pablo Contrucci, en el cual se hace una interpretación de la normativa, y se instruye que cuando el plano regulador comunal (PRC) no defina límite de altura para la construcción continua -cosa que ocurre en cuadras donde se planeaba levantar edificios-, el Director de Obras Municipales no puede aprobar un proyecto.
Por ello es que constructoras y propietarios de terrenos que han visto cómo se están cayendo sus promesas de compra-venta, analizan llevar esta interpretación a la Contraloría General de la República. De hecho, varias firmas se pusieron en contacto con abogados de Barros & Errázuriz para definir si siguen ese camino o van directamente a tribunales, cosa que fue confirmada desde dicho estudio.
Falta de plan regulador
Según explican desde ese estudio, al no contar Estación Central con PRC, se rige por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), Instrumento de Planificación Territorial que no regla la edificación continua, ni la altura de las edificaciones.
Esta situación se traduce en que la edificación continua queda con una altura libre pero limitada y determinable por aplicación de las demás normas que proceden al efecto.
Sin embargo, creen que el oficio emitido a fines de mayo pasado eliminó la certeza jurídica, “toda vez que la posibilidad de construir queda entregada a la interpretación libre que hace la autoridad de las normas sin mayor base jurídica”, señalan desde B&E.
Además, comentan que no siendo la norma lo que ha cambiado, sino que la interpretación que la autoridad tiene de la misma, “surge la interrogante de ¿desde cuándo se aplica esta nueva interpretación? Poniendo con ello en duda y, en definitiva, en riesgo situaciones jurídicas que se entendían consolidadas”.
De esta forma, buscando solucionar un problema particular de una sola comuna de la Región Metropolitana, “la autoridad cambia radicalmente la interpretación de una norma que se aplica a nivel nacional, sin considerar los efectos que ello tendrá en el resto de las comunas y regiones del país, sobre todo en provincias en que predomina la edificación continua. Además, se frena aún más una actividad que lleva ya meses deprimida”.
Al ser consultados respecto de cuál será la vía que seguirán para definir este caso, desde el estudio de abogados señalaron que eso aún está en estudio.
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