La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado retomó la discusión del proyecto del Gobierno que busca definir un nuevo articulado del fraccionamiento pesquero, esto es, aquel que distribuye las cuotas entre los sectores artesanal e industrial, según las distintas pesquerías.
La industria, que ve perjudicados sus porcentajes, se ha opuesto a la iniciativa argumentando que representaría pérdidas de empleo y caídas en la producción de la actividad. Mientras tanto, las autoridades tienen como su principal bandera las condenas por cohecho y fraude al Fisco que dejó el caso Corpesca, durante la tramitación de la norma actual, por lo que apuntan a la ilegitimidad de la ley.
En la sesión de este miércoles, le llegó el turno de exponer sus argumentos al presidente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, quien criticó el contenido de la iniciativa en su presentación.
Entre otros, planteó que la propuesta “cambia lo bueno” de la ley actual, modificando normas que “han permitido mejorar y dar estabilidad a la actividad pesquera, especialmente en lo que dice relación con la sustentabilidad y promoción de alimentos con valor agregado”. Asimismo, señaló que el Gobierno no ha medido los potenciales efectos en pérdidas de empleos y menor actividad económica, ni las implicancias para el desarrollo social producto de ello.
Por otro lado, también apuntó a que el proyecto refuerza las facultades discrecionales del subsecretario de Pesca, entregando “la facultad a distribuir regionalmente la cuota artesanal, sin respetar plazos y en base a un criterio ambiguo”.
Sandoval dijo que se necesita más diálogo, “porque esta ley se puede arreglar con buenos acuerdos, con imposiciones no vamos a llegar a ningún lado”.
El líder de Sonapesca sostuvo que se deben buscar mecanismos para generar acuerdos regionales para un fraccionamiento a largo plazo, sin afectar derechos y evitando judicializar el proyecto, asegurando que los nuevos plazos no variarán.
Interpelaciones a la industria
En respuesta al dirigente, el senador Daniel Núñez (PC), lo criticó por no dar explicaciones sobre el caso Corpesca: “Ustedes son responsables de darle garantía a este Senado de que estos hechos no se van a volver a repetir con ninguna empresa pesquera afiliada a su gremio”.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, también se dirigió a Sandoval. “La distribución vigente no corresponde a criterios científicos, surge de un acuerdo entre actores e intereses que tienen fuerzas y capacidades asimétricas. No es una distribución equitativa ni razonable”, dijo.
Y agregó: “Quiero hacer presente que esta es la primera vez que en el Parlamento se está discutiendo de manera abierta la distribución territorio a territorio, pesquería a pesquería. Porque esta misma norma que hoy día nos rige no fue discutida de esta manera, sino que fue presentada como un paquete y votada en su conjunto”.
Lo anterior, continuó argumentando el subsecretario, “es el problema de transparencia que hay que resolver y, por lo tanto, por eso es que lo que estamos haciendo ahora es tan significativo, es dar una señal de distribución abierta y transparente, que es la que asegura reglas de juego estables en el futuro. El cuestionamiento a la regulación pesquera surge porque hay una sombra de duda, la verdad es una mancha, que afecta a la normativa”.
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Martín Baeza
