El Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, se sumó a los organismos que presentaron comentarios al proceso que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre una posible ley que regule a los grupos económicos.
Todo comenzó con una solicitud de la Corporación Nacional de Usuarios y Consumidores (Conadecus) para abrir un Expediente de Recomendación Normativa, figura que tiene como objeto evaluar la opción de sugerir una determinada regulación al Gobierno. En este caso, esa propuesta sería una “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”.
El proyecto -según Conadecus- tendría el fin de limitar el poder de los “grupos empresariales significativos” que tengan estructuras de propiedad piramidales o bien, al mismo tiempo, participación en entidades financieras importantes y empresas relevantes de otras actividades.
En septiembre del año pasado, el TDLC acogió la solicitud y abrió el expediente, y emitió oficios a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y los ministerios de Hacienda y Economía, para que aporten antecedentes.
“Es posible observar que en Chile existen herramientas normativas y prudenciales que permiten monitorear, en buena parte, a los conglomerados financieros, permitiendo a las autoridades actuar tempranamente para la detección de fuentes de contagio. Esto incluye no solo a las autoridades financieras, sino también a la institucionalidad a cargo de velar por la libre competencia. Se detectan también barreras normativas cuyo objeto es enfrentar la problemática de los conglomerados financieros, estableciéndose restricciones al tipo de actividades permitidas para cada tipo de intermediador, límites sobre la propiedad de otras compañías, límites a la inversión y requerimientos de gobierno corporativo, entre otros.”, dijo en su presentación al TDLC, Tatiana Vargas, jefa de Gabinete del ministro de Hacienda.
Añadió que el sistema de supervisión chileno -a su juicio- ha demostrado un funcionamiento resiliente y adecuado respecto de los grupos empresariales y conglomerados financieros, especialmente con el robustecimiento de entidades regulatorias como la CMF, y otras instancias de coordinación entre las autoridades financieras, como el caso del CEF.
“Lo anterior no desconoce el crecimiento de la economía en tamaño y complejidad, aumentando de esta forma la diversidad de entidades que participan en el mercado financiero, el cual mantiene una tendencia a la integración”, agregó.
En ese sentido, dijo que, considerando que la regulación de conglomerados está orientada a hacer más efectiva la supervisión de los riesgos de entidades individuales que se organizan como un grupo y que, por tanto, podrían exponerse a riesgos que no se abordarían de manera adecuada en el marco prudencial de cada industria, o que la regulación actual pudiera no considerar oportunamente el riesgo residual, dejando parcialmente fuera de supervisión a estos grupos cada vez más predominantes, las autoridades financieras deberán -dentro del ámbito de sus competencias- seguir monitoreando y avanzando en una mejor supervisión de estas entidades.
Tras esto, afirmó: “En lo que respecta en particular a esta cartera de Estado, se informa que se seguirá monitoreando y aprovechando las instancias de coordinación con que cuenta la institucionalidad financiera, sin descartar la posibilidad de discutir sobre la necesidad de legislar sobre la materia, en caso de estimarse que las herramientas disponibles se vuelven insuficientes”.
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