Brasil se consolidó como el principal mercado para el vino chileno, tendencia de la que Viña Concha y Toro no quedó al margen. La bodega cerró 2024 como el mayor importador de vinos de esa nación, con una participación de mercado del 16%. Para la firma, el país sudamericano es hoy su tercer mayor destino de exportación, detrás del Reino Unido y EEUU.
Sin embargo, mientras fortalece su posición comercial, la compañía enfrenta dos procesos judiciales de origen tributario en el Estado de São Paulo, que en conjunto superan los $ 26.200 millones (cerca de US$ 27 millones) y que, si termina en una resolución desfavorable,“podría tener un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad”, según señala la empresa en los resultados a junio de este año.
El primero de los litigios se remonta al segundo semestre de 2012, cuando la Secretaría de Hacienda paulista emitió un auto de infracción e imposición de multa contra la filial VCT Brasil, exigiendo el pago de 23,6 millones reales (unos US$ 4,2 millones) por un eventual devengo y no pago del impuesto local ICMS-ST (similar al IVA en Chile).
La autoridad también reclamó otros 84 millones de reales en intereses (unos US$ 15 millones) y 22,1 millones de reales en multas (casi US$ 4 millones).
En su defensa, la compañía presentó una acción anulatoria de débito fiscal, cuestionando tanto la forma como el fondo de la resolución. En primera instancia, el Tribunal del Estado de São Paulo falló a favor de la empresa; sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió parcialmente el recurso del fisco paulista, validando el cobro anticipado del ICMS-ST, aunque ordenó recalcular los intereses.
Tras agotar instancias en el Supremo Tribunal Federal -que rechazó el recurso de la viña en agosto de 2024-, el Estado de São Paulo inició en marzo de este año el recálculo del monto adeudado.
El segundo caso comenzó en abril de 2017, cuando la misma autoridad fiscal emitió un nuevo auto de infracción por 5,39 millones reales (US$ 964 mil) debido a supuestos pagos tardíos del ICMS-ST correspondientes a agosto-diciembre de 2012. A esta suma se agregaron reclamaciones por intereses (10,6 millones de reales, o US$ 1,9 millones), multas (4,53 millones de reales, o US$ 811 mil) y honorarios de abogados (2,05 millones de reales, o US$ 367 mil).
En esta causa, la defensa judicial de la empresa tuvo éxito en primera instancia y la decisión fue confirmada en segunda. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso especial del fisco paulista, quedando la sentencia firme el 25 de abril de 2025. El expediente fue remitido al tribunal de justicia para ejecutar la resolución y cancelar la deuda.
Evaluación de la firma
En el caso del juicio más antiguo, la bodega indicó en sus estados financieros que no es posible, por el momento, determinar un valor a provisionar; recalcando que la determinación final del posible monto a pagar solo se conocerá una vez concluidos los recursos pendientes y el posterior juicio de monto, lo que se estima podría ocurrir en un plazo de dos años.
Respecto del segundo proceso, en opinión de los abogados de la compañía, VCT Brasil cuenta con argumentos razonables y sólidos para su defensa, estimando que existen posibilidades significativas de que se acepte la impugnación de los montos liquidados por la autoridad fiscal. Consideran poco probable un eventual desembolso.
Consultada al respecto, la bodega indicó que “estiman un efecto neutro o acotado” de la primera contingencia, debido a que “en términos netos no ha habido perjuicio fiscal, por lo que el monto final a pagar debiese extinguirse o reducirse sustancialmente”. Y están en espera que se concluya el segundo proceso.
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Laura Guzmán
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