En los últimos meses, distintas empresas de servicios sanitarios del país han anunciado incrementos en los precios del agua potable, debido al proceso tarifario que están llevando a cabo para el quinquenio 2025-2030.
Y a pesar de que Esval -ligada al fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP)- ya debería haber zanjado sus nuevos valores, la firma y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) no llegaron a puerto.
Ante este escenario, el pasado lunes 6 de enero a las 15:00 horas se constituyó la Comisión de Expertos, la cual dirimirá las discrepancias surgidas por parte de la sanitaria respecto de los estudios tarifarios de los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, realizados por la SiSS.
La comisión está presidida por el economista Tomás Rau, quien fue designado como experto a principios del proceso tarifario. La integran también el representante de la empresa concesionaria, Felipe Larraín; y el representante de la SiSS, Juan Pablo Montero.
Desde la superintendencia indicaron que, de acuerdo a la ley, los expertos tendrán un plazo de 30 días corridos para emitir un fallo definitivo, con la posibilidad de extenderlo 15 días más.
“Esto significa que, como máximo, el día 21 de febrero debería estar el fallo y la SiSS deberá entonces realizar lo que se denomina la carga del fallo para determinar las tarifas definitivas. Posteriormente debe enviarse a trámite el respectivo decreto tarifario a firma del Ministerio de Economía y toma de razón de Contraloría”, recalcó el jefe de la división de concesiones de la SiSS, Álvaro Sola.
Las nuevas tarifas empezarán a regir el 1 de marzo de 2025, una vez publicado el decreto con efecto.
Cabe precisar que en el período comprendido entre el anuncio de la falta de acuerdo y la conformación de la Comisión de Expertos, la vicepresidenta para Latinoamérica de Ontario Teachers’ Pension Plan, Stacey Leanne Purcell, visitó Chile y se reunió con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, con el objetivo de abordar directamente el conflicto tarifario.
Efectos de la sequía
La falta de acuerdo entre Esval y la Superintendencia se oficializó el pasado 20 de noviembre, cuando la entidad reguladora anunció que el proceso tarifario de la sanitaria no llegó a puerto.
“En este tipo de procesos, evidentemente puede ocurrir que las expectativas de las partes no permitan terminar en un acuerdo. Ese fue el caso y, por tanto, opera la ley activando el mecanismo final, que es el funcionamiento de un comité de expertos que deberá decidir respecto de los puntos discrepados por la empresa”, señaló Sola.
Asimismo, enfatizó que, a pesar de que no pueden revelar cuánto era el alza que buscaba Esval, en la evaluación de la SiSS, “no se aprecian elementos que justifiquen” ese aumento.
Por su parte, Esval explicó que el proceso es una instancia reglada y técnica que busca contar con tarifas costo-eficientes para autofinanciar las inversiones y operaciones de la compañía, basadas en una empresa modelo teórica 100% eficiente.
“La Región de Valparaíso ha sido una de las más afectadas por la sequía en los últimos 15 años, por lo que mantener la continuidad del suministro supone un sostenido esfuerzo en obras e inversiones, sumado a la robustez y resiliencia de nuestros sistemas frente a los diversos efectos del cambio climático, como episodios de alta turbiedad. Por ello, confiamos en que estos esfuerzos se vean debidamente reflejados”, dijo.
Mientras Esval y la SiSS resuelven en el comité de expertos, otras empresas sanitarias ya han definido las tarifas para el quinquenio 2025-2030. Por ejemplo, Aguas Andinas acordó un alza del 5%; y Aguas Manquehue y Aguas Cordillera cerraron un reajuste escalonado de entre 5% y 10% en las tarifas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
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Laura Guzmán
