Después de una acalorada discusión en el Congreso, la promulgación de la Ley de fraccionamiento pesquero fue solo la culminación de un capítulo en la industria, en una trama que, lejos de cerrarse, se traspasa hoy a la justicia, con lo que se avizora una ola de acciones legales de parte de las grandes compañías del sector.
A esa tendencia ahora se suma la pesquera y salmonera Blumar Seafoods, que confirmó a Diario Financiero que iniciará acciones legales contra el Estado de Chile, acusando vulneración de sus derechos por efecto de la norma.
Para hacer memoria: el fraccionamiento pesquero es considerado el corazón de la Ley de Pesca, dado que aborda una contienda histórica de este sector, que es la distribución de cuotas entre los pescadores artesanales e industriales. Si bien el Gobierno en un principio ingresó a trámite un nuevo cuerpo legislativo completo para el sector, ante los pocos avances de la iniciativa, decidió tramitar por separado el fraccionamiento que, en menos de un año, se convirtió en Ley.
“Se agotaron todas las instancias de diálogo posibles; ahora estas acciones buscan proteger a los accionistas y trabajadores”, dijo Gutiérrez en una declaración.
El articulado aprobado, en su mayoría, incrementaba los porcentajes de cuota asignada para los artesanales en la mayor parte de las pesquerías del país, lo que generó la oposición de parte de los industriales, que ahora se traducirá en acciones legales, tal como hoy anuncia Blumar.
De hecho, la compañía -cuya propiedad está ligada a las familias Sarquis y Vinagre-, fundamenta su futura arremetida en que la norma de fraccionamiento “modificó unilateralmente la distribución de cuotas de pesca”, afectando así “derechos otorgados hasta 2032”.
La ofensiva
Para comandar su estrategia legal, Blumar fichó al reconocido litigante Pedro Pablo Gutiérrez Philippi, de vasta trayectoria en disputas civiles y comerciales, quien estará acompañado en el equipo por el abogado Juan Francisco Asenjo. Ambos son socios del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo (GWJA).
“Blumar tomó esta decisión tras una exhaustiva revisión de antecedentes y constatar que la Ley de Fraccionamiento Pesquero afecta derechos adquiridos, detiene inversiones e impacta el patrimonio de la compañía. Se agotaron todas las instancias de diálogo posibles; ahora estas acciones buscan proteger a los accionistas y trabajadores”, aseveró Gutierrez en una declaración enviada por la empresa.
Juan Francisco Asenjo, socio de GWJA y abogado de Blumar. Pedro Pablo Gutiérrez, socio de GWJA y abogado de Blumar.
Y lanzó: “Cuando el Estado cambia unilateralmente las reglas del juego, sin compensación y afectando inversiones ya realizadas, se socavan los principios básicos de certeza jurídica que todo país serio debe garantizar”.
En concreto, la empresa va a defender la idea de que el fraccionamiento aprobado constituye una “expropiación regulatoria”, al reducir desde 2026 tanto la cuota de captura como el periodo de vigencia de derechos que originalmente habían sido otorgados hasta 2032.
“Esto representa una clara vulneración de la seguridad jurídica y de los derechos de propiedad que protege la Constitución”, agregó Asenjo por su parte.
De todas formas, vale decir que Blumar aún no ha ingresado las acciones legales anunciadas a tribunales y, según explican, aún están definiendo en qué sede lo harán.
Con todo, además de la ofensiva judicial, la pesquera afirmó que la iniciativa ya ha tenido un impacto directo en su ruta empresarial, paralizando una inversión de US$45 millones destinada a construir una planta en Coronel que iba a estar dedicada a la elaboración de productos de consumo humano directo y que ya contaba con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Blumar sostuvo que la planta generaría 250 empleos directos e indirectos y produciría al menos de 30 mil toneladas anuales de alimentos marinos.
Las otras demandas
No es la primera pesquera en anunciar acciones legales. La primera en salir al paso fue Camanchaca, controlada por la familia Fernández, que conformó un equipo liderado por el abogado Jorge Bofill para demandar al Estado y, el mismo día que se promulgó la Ley, ratificó sus intenciones de acudir a la justicia.
Asimismo, este lunes en El Mercurio, la pesquera Alimentos Marinos (Alimar), ligada a la familia Izquierdo Menéndez, también oficializó una ofensiva legal a raíz del nuevo fraccionamiento, que estará liderada por el expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el abogado Tomás Menchaca.
Por otra parte, la pesquera Landes, de la familia Fosk, es una que ya dio sus primeros pasos en la justicia. En mayo, incluso antes de que se terminara de aprobar la Ley, la firma solicitó la exhibición de documentos clave ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, con el fin de, a futuro, ingresar una acción de nulidad y una demanda indemnizatoria contra el Estado. Para estos efectos, Landes es asesorada por el estudio de abogados Barros & Errázuriz.
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