Dos meses después de reordenar su estrategia en materia carcelaria, el gobierno comenzó a aterrizar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó durante el conversatorio Concesiones Penitenciarias, del estudio de abogados Guerrero Olivos, una nueva hoja de ruta que modifica el modelo de concesiones para acelerar la construcción de recintos penales.
Lo anterior se genera luego de que en mayo el Ejecutivo optara por fortalecer la cartera de proyectos existente en lugar de priorizar una nueva cárcel de máxima seguridad como tenía previsto originalmente.
La estrategia contempla una cartera por UF 63 millones (unos US$ 2.650 millones) y modifica las reglas de las concesiones para reducir los tiempos de ejecución, atraer mayor competencia y corregir lo que el Ejecutivo considera un desequilibrio en la distribución de riesgos entre el Estado y los privados.
Entre las principales novedades figura la creación de un premio económico para las concesionarias que entreguen las obras antes del plazo comprometido, mecanismo que debutaría en la próxima licitación de la cárcel de Calama.
“Lo que se quiere hacer es poner un incentivo real, efectivo y que mueva a la industria a generar las soluciones que necesitamos. Si alguien va a poder construir en menor plazo, el beneficio económico de recibir esa infraestructura anticipadamente es tan simple de estimar que no hay ninguna justificación para no establecer esa compensación”, sostuvo el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.
La directora general de Concesiones, Lorena Herrera, explicó que el mecanismo está siendo diseñado junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para incorporarlo inicialmente en la licitación de Calama y luego extenderlo al resto de la cartera.
Rebalanceo de riesgos
Más allá del incentivo económico, el Ejecutivo sostuvo que el rediseño responde a una revisión estructural del modelo concesional. Según Balmaceda, tras más de tres décadas de funcionamiento, la distribución de riesgos entre el Estado y los privados se fue tornando cada vez más inequitativa.
“La reflexión que estamos haciendo como Dirección General de Concesiones es que el Estado no debiera pretender trasladar al privado riesgos o responsabilidades por hechos que no son de su responsabilidad. Todo aquello que afecte el proyecto en términos de plazo y de costo y que no sea responsabilidad del privado no debiésemos pretender trasladarle esa cuenta”, afirmó.
Como parte de ese cambio, el MOP evalúa reconocer mayores costos cuando los atrasos provengan de factores ajenos al concesionario, como hallazgos arqueológicos, demoras en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) u otros entorpecimientos administrativos.
Las modificaciones también contemplan una mayor cobertura estatal de la deuda financiera en caso de término anticipado de los contratos y una flexibilización del capital mínimo exigido al inicio de las concesiones, con el objetivo de hacer los proyectos más financiables y ampliar la competencia.
“Estamos trabajando para que el Estado asegure una mayor cobertura respecto de la deuda financiera. De este modo, esperamos hacer más bancables los proyectos y en forma más económica”, explicó Balmaceda.
Otro eje del nuevo modelo apunta a reducir los tiempos de construcción mediante sistemas industrializados, diseños modulares y la posibilidad de habilitar establecimientos por etapas, sin esperar la finalización total de las obras. Según Balmaceda, este tipo de construcción podría reducir cerca de un 30% los plazos de ejecución.
Desde la industria, el primer vicepresidente de Copsa, Diego Savino, valoró las medidas y afirmó que apuntan a resolver las dificultades que habían frenado iniciativas anteriores. “Es muy positivo que las autoridades se estén haciendo cargo de las causas que en su momento dificultaron el avance de distintos proyectos”, sostuvo.
La hoja de ruta
El cronograma presentado por el MOP contempla cinco relicitaciones de establecimientos existentes y cinco nuevos recintos penitenciarios. En conjunto, se permitiría incorporar 21.639 nuevas plazas, más que duplicando la capacidad concesionada actualmente en operación.
“Entre 2026 y 2028 debiésemos ver materializados todos estos proyectos, con los cuales vamos a pasar de las 20 mil plazas actuales a sumar otras 21 mil nuevas plazas, es decir, un crecimiento superior al 100% de la capacidad concesionada”, destacó Balmaceda.
La primera prueba del nuevo esquema será la licitación de la cárcel de Calama, desde donde el Ejecutivo espera comenzar a implementar gradualmente estas modificaciones en el resto de la cartera penitenciaria.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Concesiones
