En medio del debate por el futuro del Puerto de San Antonio, luego de que el Gobierno declarara desierta la licitación del Puerto Exterior y anunciara que reformulará el proyecto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) intervino en el diseño de las concesiones que operarán durante la transición. En un informe presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el organismo propuso una serie de medidas para resguardar la libre competencia en las futuras licitaciones de los terminales Molo Sur y Sitio N°8, que operarán entre 2030 y 2038.
Las recomendaciones llegan pocos días después de que el presidente de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), Sergio Merino, revelara que el Ejecutivo decidió replantear la ejecución del Puerto Exterior tras declarar desierta la licitación y le encomendó estructurar un esquema de financiamiento sin garantías estatales, con apoyo de organismos multilaterales. Mientras ese proceso se redefine, las nuevas concesiones transitorias deberán asegurar la continuidad operacional del principal puerto del país.
En ese contexto, la FNE concluyó que la propuesta de EPSA permite, en términos generales, resguardar la competencia, aunque planteó una serie de ajustes para reducir riesgos tanto durante la licitación como en la etapa de operación de los terminales.
Uno de los principales puntos del informe se refiere a la integración vertical. La Fiscalía recomendó al TDLC rechazar la propuesta de elevar desde 40% a 60% el límite de participación que pueden tener usuarios relevantes en la propiedad del concesionario del Sitio N°8, al estimar que no existen antecedentes suficientes que justifiquen esa flexibilización.
Para el Terminal Molo Sur, en tanto, consideró adecuado mantener el límite vigente de 60%, aunque planteó avanzar hacia reglas más estrictas que impidan que usuarios relevantes ejerzan control o influencia decisiva sobre las concesionarias mediante pactos de accionistas, derechos de veto u otros mecanismos equivalentes.
En materia de integración horizontal, la FNE respaldó la prohibición propuesta por EPSA para evitar que un mismo operador concentre los principales terminales de la Región de Valparaíso. A juicio del organismo, este resguardo adquiere especial relevancia considerando el carácter transitorio y de corto plazo de las nuevas concesiones, cuyo objetivo es mantener presión competitiva hasta la entrada en operación del Puerto Exterior.
Certeza para atraer oferentes
La Fiscalía también puso el foco en el diseño de las futuras licitaciones. Si bien respaldó que la adjudicación de ambos terminales se realice sobre la base del menor índice tarifario ofertado, advirtió que las bases aún dejan abiertos aspectos relevantes para la intensidad competitiva del proceso.
Entre ellos mencionó los ponderadores del índice tarifario, elementos del régimen económico de la concesión y diversos parámetros técnicos y operacionales, por lo que recomendó que esos aspectos queden definidos antes del inicio de las licitaciones para entregar mayor certeza a los potenciales oferentes.
Respecto del Molo Sur, el informe también analizó la decisión de agrupar bajo una sola concesión la transferencia de carga contenedorizada y el almacenamiento de líquidos a granel. Aunque concluyó que no existen antecedentes para prever un deterioro significativo de la competencia, sí identificó el riesgo de que el futuro concesionario privilegie la atención de contenedores en desmedro de los graneles líquidos, por lo que propuso establecer resguardos específicos para evitar esa situación.
Finalmente, la FNE recomendó fortalecer los mecanismos de acceso abierto y no discriminatorio, las reglas de asignación de capacidad, las obligaciones de información hacia EPSA, las facultades de fiscalización de la empresa portuaria y los estándares mínimos de calidad del servicio, con el objetivo de prevenir conductas discriminatorias o exclusorias durante la operación de los terminales.
El TDLC deberá ahora evaluar las recomendaciones de la Fiscalía antes de emitir el informe que establecerá las condiciones definitivas para las futuras concesiones, las que serán claves para garantizar la continuidad operativa de San Antonio mientras se redefine el desarrollo del Puerto Exterior.
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