La fórmula para financiar la reconstrucción de la infraestructura dañada por los temporales en las regiones de Atacama y Coquimbo comenzó a tomar forma. Para responder a las urgencias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) movilizará recursos de su propio presupuesto, mientras trabaja junto al Ministerio de Hacienda en el diseño del mecanismo que permitirá costear las obras de mediano y largo plazo.
Así lo explicó el biministro de Obras Públicas, Louis de Grange, quien reconoció durante el seminario de Infraestructura del Consejo de Infraestructura Pública (CPI) que el esquema definitivo todavía no está resuelto. “Es un tema que estamos definiendo junto con Hacienda y, apenas tengamos el modelo definitivo, lo vamos a dar a conocer”, señaló la autoridad al ser consultada sobre cómo se financiarán los cerca de US$ 500 millones asociados a la reparación de infraestructura pública y el eventual aporte de las sociedades concesionarias.
Según explicó, el estado de catástrofe permite al MOP redirigir y movilizar con rapidez recursos ya disponibles para responder a las necesidades inmediatas. “Para las urgencias de corto plazo, el MOP puede generar esas movilizaciones de presupuesto, pero la mirada de mediano y largo plazo es un tema que acordamos con Hacienda”, afirmó.
Del catastro preliminar de US$ 700 millones en daños, alrededor de US$ 500 millones corresponden a infraestructura pública y otros US$ 200 millones a viviendas. Dentro del componente de infraestructura, cerca de US$ 120 millones están asociados a activos concesionados, mientras que el financiamiento de los US$ 380 millones restantes -correspondientes a obras que deberá ejecutar directamente el Estado- continúa siendo analizado por el Ministerio de Obras Públicas junto a Hacienda.
La definición ocurre mientras sigue abierto el catastro de daños. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, señaló que la referencia que hoy maneja el MOP asciende a US$ 700 millones, aunque advirtió que el monto definitivo dependerá de los proyectos que finalmente deban ejecutarse.
“La estimación de US$ 700 millones corresponde al catastro que hoy maneja el Ministerio de Obras Públicas de los recursos que podrían requerirse para superar los problemas ocasionados por los frentes de mal tiempo. Si esa cifra requerirá ajustes dependerá del diagnóstico definitivo”, sostuvo.
Catastro podría aumentar hasta 20%
Desde el Colegio de Ingenieros, su primer vicepresidente, Carlos Zeppelin, estimó que los daños se ubican actualmente en un rango de entre US$ 400 millones y US$ 700 millones. De acuerdo con las cifras disponibles, cerca de US$ 200 millones corresponderían a viviendas y otros US$ 500 millones a infraestructura, principalmente vialidad, obras hídricas y telecomunicaciones.
Sin embargo, advirtió que el primer levantamiento suele concentrarse en las obras de mayor tamaño y en aquellas que afectan directamente la conectividad, dejando fuera daños menores o indirectos que aparecen posteriormente.
“En experiencias anteriores, las estimaciones iniciales de daños han terminado aumentando entre un 10% y un 20% conforme avanzan los catastros”, explicó.
Ese incremento podría llevar el costo total por sobre los US$ 700 millones, a medida que se incorporen daños en caminos rurales, infraestructura urbana y otras obras que no fueron incluidas en el primer barrido.
El efecto sobre el PIB
Además de recuperar la conectividad y los servicios esenciales, el despliegue de inversión tendrá un impacto sobre la actividad económica de las regiones afectadas y sobre el PIB nacional.
De Grange afirmó que la reconstrucción tendrá efectos en el empleo, la calidad de vida y la seguridad, aunque evitó entregar una estimación concreta sobre su impacto macroeconómico.
La evidencia citada por Zeppelin muestra que un aumento de 10% en la inversión en infraestructura pública puede elevar el PIB per cápita en aproximadamente 1,7% en el largo plazo. A ello se suma que la inversión pública tendría un multiplicador cercano a dos, por lo que un programa por US$ 400 millones podría generar un efecto acumulado próximo a US$ 800 millones sobre la actividad.
El experto aclaró, sin embargo, que ese crecimiento no equivale completamente a nueva riqueza, porque una parte importante del gasto se destina a reponer infraestructura que ya existía antes de los temporales.
Mientras avanzan los catastros, la primera fase será cubierta con recursos que el MOP puede movilizar bajo la emergencia. La incógnita está ahora en cómo se financiará el resto de la reconstrucción y qué participación tendrán Hacienda y las concesionarias en la fórmula definitiva.
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