El proyecto inmobiliario Punta Puertecillo (en Litueche, Región de O’Higgins; de propiedad de Jorge Gálmez) volvió a judicializarse. Julio Lavín, abogado del empresario, presentó un recurso de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra del Comité de Ministros, instancia que el pasado 11 de junio rechazó una acción administrativa del privado y ratificó la calificación ambiental desfavorable de la obra.
A principios de 2026, la Inmobiliaria e Inversiones Ayelén -dueña del proyecto- había presentado un recurso de reclamación ante el comité que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo. Esto, luego de que la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins rechazara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de una iniciativa por medio de la cual la inmobiliaria -con una inversión de US$ 20 millones- busca regularizar obras ya construidas.
El comité rechazó la postura de la empresa, al determinar que el proyecto no justificó de forma adecuada el requisito de no crear un nuevo núcleo urbano en un sector rural.
Pero la inmobiliaria tiene una mirada completamente distinta, que es la que plasmó ante el tribunal, al cual solicitó dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros y como consecuencia de ello la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable, ordenando retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa en que se analizan las observaciones de los distintos órganos del Estado.
El factor Suprema
El proyecto ha enfrentado ya dos procesos judiciales. Uno se desató en 2019, cuando la Seremi de Vivienda denunció a la inmobiliaria tras una fiscalización en que constató que los predios subdivididos (más de 300 sitios en un loteo de más de 200 hectáreas), que solo podían usarse para fines rurales, fueron destinados a uso habitacional.
El Juzgado de Policía Local de Litueche impuso una multa de US$ 45 millones, pero la inmobiliaria recurrió de apelación. Si bien la corte confirmó la sentencia condenatoria, redujo la sanción.
Antes, en 2017, la Superintendencia del Medio Ambiente inició un procedimiento sancionatorio en contra de la inmobiliaria tras denuncias de vecinos por iniciar obras sin contar con una RCA.
La firma fue absuelta, lo que fue ratificado por el Tribunal Ambiental. Los vecinos recurrieron a la Corte Suprema, la que, en 2022, sancionó a la inmobiliaria de Gálmez: prohibió la venta de terrenos y aplicó una multa de $ 3.650 millones. Además, condicionó la venta de las parcelas a la obtención de una RCA.
Esto último es el punto central en el cual se fundamenta la reclamación en contra del Comité de Ministros. La firma sostuvo que la Suprema, en su sentencia, había calificado el proyecto dentro de las tipologías del reglamento del SEIA sobre obras de equipamiento y de desarrollo turístico, excluyendo el literal referido a conjuntos habitacionales que son los que -dijo- pueden generar núcleos urbanos al margen de la planificación territorial.
“Al declarar que el proyecto infringe la normativa ambiental, la administración priva al titular de la única vía disponible para cumplir lo ordenado judicialmente, creando una contradicción insalvable imputable exclusivamente al Estado”, dijo el privado.
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