Una visita relámpago fue la que realizaron a nuestro país representantes del mayor acreedor de Subus, uno de los operadores del Transantiago que atraviesa una compleja situación financiera, el banco EKN.
Los ejecutivos vinieron a constatar en terreno el proceso de reorganización concursal que lleva adelante la compañía y que busca repactar pasivos por $ 91 mil millones.
El banco de fomento sueco es el principal acreedor de la compañía de transportes, con una deuda de $ 51,5 mil millones, un 56% del total.
Durante la visita aprovecharon de reunirse con la autoridad para darle a conocer las inquietudes que enfrentan dado el déficit financiero al cual está sumida la operadora. “En este marco de la reorganización, nuestro deber es monitorear muy de cerca a cada uno de ellos y como parte de esto, nos juntamos con las distintas partes de este proceso, en este caso los acreedores, y lo que hemos podido ver es una buena voluntad por llegar un acuerdo y facilitar la reorganización, entendiendo además que existe un interés por permanecer en el sistema”, explicó el director de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, al ser consultado por la cita.
En la reunión, que se realizó el martes pasado, acudieron también los equipos legales de Carey, contratado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para este proceso, y de la entidad sueca, que fichó a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Conocedores de la visita comentaron la preocupación de los ejecutivos por la situación en la que está atravesando Subus y las opciones de poder recuperar parte del capital garantizado. Esto porque de liquidarse la compañía, las posibilidades de recobrar capital en el corto plazo “son exiguas”, comentaron.
Junta de acreedores
Durante la estancia, los ejecutivos aprovecharon de conocer en detalles la propuesta de acuerdo que presentó la compañía el pasado martes a sus acreedores.
En el documento se establecen formas de pago por hasta $14.900 millones, dejando el remanente de $ 56,9 mil millones condicionado a que se logre un acuerdo del reajuste del pago por pasajero transportado con el gobierno, en el marco de una revisión excepcional del contrato.
Y dado el completo análisis que requiere esta propuesta, EKN pidió que se postergara la junta de acreedores, la que estaba fijada para el 2 de agosto, dado el escaso lapso para entregar observaciones al documento.
Así, el abogado de Subus, Nelson Contador, de Contador & Cia, ingresó la solicitud al 17 juzgado Civil de Santiago, proponiendo concretar la cita la segunda semana de septiembre.
Dado este nuevo calendario, Subus solicitó a su vez a EKN flexibilizar la retención de cuenta obligada que posee con la entidad financiera y que establece la prelación del pago de deuda por sobre la operación. Esto, con el objetivo de que Subus pueda contar con los recursos suficientes para poder funcionar durante el mes de septiembre, mientras se somete a votación la propuesta.
La cuenta obligada establece que Subus deberá retener cerca del 38% de los ingresos para financiar la deuda con EKN, cláusulas que complican a la compañía, ya que no permite financiar la operación de los servicios. Esta flexibilización se mantendría sólo hasta la votación, ya que el acuerdo contempla la eliminación de estas cláusulas para garantizar la continuidad del giro de la compañía.
Principales puntos del acuerdo
Continuación Efectiva del giro
Subus propuso que las operaciones se mantengan en su gestión, asegurando la continuidad del giro.
Pago a los acreedores con garantías
Se establece el pago en tres cuotas en 2018, 2019 y 2020, las que totalizan $ 14.900 millones. El total de la deuda garantizada
es de $ 71.800 millones y su pago está supeditado a lograr
ingresos extra por parte del gobierno.
Propuesta de pago acreedores valistas
Para los acreedores sin garantía ($ 19.700 millones), se propone pago según fecha de facturación para créditos inferiores a US$ 5 millones y para superiores a esta cifra, igual que la fórmula de los deudores con garantía.
Convenios de cuenta de servicio de la deuda
Se elimina prioridad de destinar recursos al pago de la deuda
por sobre la operación.
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