Una derrota para las universidades en su pelea contra la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por los datos de los estudiantes. La Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron, por la unanimidad de sus miembros, los recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad de Chile (U. de Chile) contra solicitudes de información efectuadas por el persecutor económico en el marco de un estudio de mercado sobre la Educación Superior.
Asimismo, tuvo por desistida a la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) de la apelación presentada en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de protección formulado por esa casa de estudios.
A un año de la interposición de los recursos de protección, con estas decisiones la Corte Suprema pone término a la controversia y ratifica lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, que en sus decisiones sostuvo que la FNE se apegó a las atribuciones que le confiere la ley al efectuar las solicitudes de información a las universidades y que, además, estos requerimientos no fueron desproporcionados ni afectaron sus garantías constitucionales o las de sus estudiantes, afirmó el persecutor.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, valoró la decisión del máximo tribunal, destacando que “esta decisión de la Corte Suprema confirma que la FNE ha actuado conforme a las atribuciones que la ley le ha otorgado para requerir información de los agentes económicos para defender y promover la libre competencia en los mercados, las cuales no sólo aplican a investigaciones de ilícitos anticompetitivos, sino que también al desarrollo de estudios de mercado”.
Al rechazar los recursos de apelación formulados por la UCh y la Usach, y en base al desistimiento de la PUC, la decisión de la Corte Suprema también ratifica lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago al descartar las alegaciones de una supuesta falta de proporcionalidad en la información solicitada o una falta de justificación de los fines que se perseguían con la recopilación de los datos. Además, según la FNE, la justicia respalda la necesidad de efectuar un estudio sobre la educación superior.
Con estos pronunciamientos, dijo la entidad, la Corte Suprema confirma que no existe la vulneración de las garantías constitucionales de las universidades, toda vez que los datos requeridos tenían por objeto tomar contacto con estudiantes y exestudiantes para invitarlos a participar voluntariamente del Estudio.
Estudio de Mercado
Durante el desarrollo de su estudio de mercado sobre la Educación Superior, la FNE ofició a 48 instituciones de educación superior de las más de 130 existentes en el país, solicitando información relativa a un número acotado de años.
De esas 48, un total de 45 respondieron en tiempo y forma, siendo las recurrentes las únicas que hasta la fecha no han cumplido con su obligación legal al haber interpuesto los recursos de protección que terminaron siendo desestimados por la Corte Suprema.
Esa investigación comenzó a realizarse en enero de 2024 y tiene como objetivo analizar la evolución competitiva de este sector, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
El estudio en cuestión busca determinar si tanto la oferta como la demanda educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para, en el caso de identificar fallas, formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo o recomendaciones a los agentes económicos, explicó la FNE.
Reacción de la UC
La UC explicó que se desistió del recurso de protección porque suscribió un acuerdo con la FNE el pasado 6 de junio, donde la entidad persecutora "se comprometió expresamente a utilizar la información solicitada únicamente para los fines propios del Estudio en cuestión, en conformidad con sus competencias legales y sujeta a los resguardos y condiciones de confidencialidad establecidos por la ley, con lo que se garantiza la debida protección y uso confidencial de tales datos".
Ante ello, la casa de estudios señaló que "reafirma su compromiso con la transparencia, la colaboración con las autoridades y el respeto a la legalidad vigente, resguardando a su vez la protección de los datos personales y los derechos de su comunidad universitaria".
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