En contra votarían hoy un grupo de diputados de la Nueva Mayoría el proyecto de ley que reforma la institucionalidad de libre competencia, y que, entre otras cosas, introduce penas de cárcel para los delitos de colusión.
Según señaló el diputado DC Fuad Chahín, la semana pasada se produjeron diferencias en la comisión de Economía de la Cámara respecto de los cambios introducidos al proyecto por el Senado -que aprobó la iniciativa a principios de junio por 34 votos a favor-, al considerar que se reducía la efectividad de la acción penal.
El proyecto, que será votado hoy en la sala de la Cámara de Diputados, estipula que la acción penal sólo podrá tener curso mediante querella de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que también se podrá interponer una vez que el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre un caso particular esté completamente ejecutoriada en todas sus partes. El proyecto contempla penas de entre 3 años y un día a 10 años para los culpables de estos delitos. Chahín sostuvo que “lo que hace esta normativa es quitar fuerza a la acción penal, por lo que con un grupo de diputados de la Nueva Mayoría hemos acordado votar en contra”. Según el parlamentario, la idea es que las diferencias respecto al proyecto de ley sean resueltas en comisión mixta. Chahín señaló que las diferencias se han producido por la postura tomada por el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, respecto de la conveniencia de aplicar sanciones penales a los delitos de colusión, las que considera que podrían debilitar el mecanismo de la delación compensada.
La semana pasada el fiscal nacional, Jorge Abbott, criticó los cambios realizados a la iniciativa en el senado, señalando que estos restringían “fuertemente” la aplicación de penas, ante la doble dependencia que creaba el mecanismo para el Ministerio Público.
Ayer, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que el Ejecutivo dialogará con los parlamentarios para lograr un esquema que “castigue” los delitos de colusión.
“Hay opiniones distintas en el Senado y en la Cámara, por lo tanto lo más probable es que esto pueda terminar en una comisión mixta. Eso significa que aún tenemos la posibilidad del tercer trámite constitucional para seguir evaluando cual es la mejor alternativa. Lo importante es que acá hay coincidencia de que los casos de colusión son suficientemente graves para ameritar sanciones a la altura de dicha gravedad”, dijo.
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