Economía y Política
Ximena Carolina Fuentes Torrijo
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 2 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
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Ministra suplente en la calidad de abogado
Tribunales ambientales:
a su juicio, estas funciones deben ser leídas en un contexto más amplio, cual es propender a un desarrollo sustentable. Indicó que muchos países tienen instancias jurisdiccionales para los temas ambientales y, en general, con su creación se busca un objetivo común: generar cierta unificación y coherencia en un tema de suyo complejo por su naturaleza jurídica y por el contexto social en que se desenvuelve. Los tribunales ambientales, subraya, “deben contribuir a crear confianza en la aplicación eficaz de la institucionalidad ambiental”.
Judicialización:
“No es necesariamente negativa, porque ello supone un reconocimiento transversal de que los problemas medioambientales se tienen que encarar con una óptica del interés general y, en ese contexto, se entiende el desarrollo de la legislación ambiental, que tiene su aplicación práctica en la decisión de casos particulares atingentes a esta área”. Puntualizó que la puesta en marcha de esta institucionalidad plantea el desafío de construir legitimidad en torno a la institucionalidad ambiental, desde la perspectiva procesal (debido proceso) y sustantiva (correcta aplicación de la ley), pues ambas son objeto de control a través de instancias judiciales superiores.
Presión ciudadana:
“Los tribunales ambientales son una instancia jurisdiccional, y por tanto, el criterio para resolver los casos que son sometidos a su consideración es la aplicación del derecho. Ahondando en este aspecto, afirmó que la mayor parte de los conflictos públicos que se provocan por esta causa deberían ser encaminados a una pretensión de cambio normativo general más que a una decisión específica para un caso concreto.
Tribunales ambientales:
a su juicio, estas funciones deben ser leídas en un contexto más amplio, cual es propender a un desarrollo sustentable. Indicó que muchos países tienen instancias jurisdiccionales para los temas ambientales y, en general, con su creación se busca un objetivo común: generar cierta unificación y coherencia en un tema de suyo complejo por su naturaleza jurídica y por el contexto social en que se desenvuelve. Los tribunales ambientales, subraya, “deben contribuir a crear confianza en la aplicación eficaz de la institucionalidad ambiental”.
Judicialización:
“No es necesariamente negativa, porque ello supone un reconocimiento transversal de que los problemas medioambientales se tienen que encarar con una óptica del interés general y, en ese contexto, se entiende el desarrollo de la legislación ambiental, que tiene su aplicación práctica en la decisión de casos particulares atingentes a esta área”. Puntualizó que la puesta en marcha de esta institucionalidad plantea el desafío de construir legitimidad en torno a la institucionalidad ambiental, desde la perspectiva procesal (debido proceso) y sustantiva (correcta aplicación de la ley), pues ambas son objeto de control a través de instancias judiciales superiores.
Presión ciudadana:
“Los tribunales ambientales son una instancia jurisdiccional, y por tanto, el criterio para resolver los casos que son sometidos a su consideración es la aplicación del derecho. Ahondando en este aspecto, afirmó que la mayor parte de los conflictos públicos que se provocan por esta causa deberían ser encaminados a una pretensión de cambio normativo general más que a una decisión específica para un caso concreto.
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