La jornada final de tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 2027 en la Cámara de Diputados tuvo de dulce y de agraz para el Ejecutivo, luego de que pasadas las 6 de la mañana de este viernes la Cámara Baja despachara el erario para su segundo trámite en el Senado.
De dulce, porque por fin -luego de tres sesiones- los diputados dieron la unanimidad para que el director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, ingresara a la Sala para participar en la discusión, ante la ausencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien partió a Santiago para participar en las negociaciones con los camioneros movilizados. Quiroz intercedió para lograr que la Cámara recibiera los decretos del Ministerio de Justicia que rebajó penas a condenados por delitos sexuales y violaciones a los derechos humanos, lo que allanó la presencia de Gómez en Sala.
De dulce, también, porque se avanzó en el despacho al Senado de dos partidas claves para el sector público: Trabajo y Salud.
De agraz, porque justamente en la tramitación de dichas carteras, el Ejecutivo también se vio enfrentado a derrotas, sea mediante el rechazo de algunos artículos relevantes o la aprobación de indicaciones consideradas inconstitucionales y que -inclusive- fueron visadas con votos de parlamentarios oficialistas.
De agraz, porque se rechazó la partida del Ministerio de Minería en medio del debate por la eventual incorporación de capital privado a Codelco.
Finalmente, a las 6:17 de la mañana de este viernes, la Corporación despachó todas las partidas al próximo trámite, que comenzará la próxima semana.
Salud y Trabajo
Luego de un relativamente fácil despacho de la partida de Bienes Nacionales, la Sala se abocó al debate del Ministerio del Trabajo, donde la situación del mercado laboral y la implementación de la reforma de pensiones fueron los principales tópicos de discusión.
Así, la cartera pasó al segundo trámite al Senado pero con el rechazo de los recursos de la Subsecretaría del Trabajo, su par de Previsión Social y la Dirección del Trabajo (DT).
Adicionalmente, la Sala despachó algunas indicaciones que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, anunció que llevará ante el Tribunal Constitucional al invadir algunas atribuciones del Presidente de la República, relativas por ejemplo al uso de recursos para investigar o compensar a afiliados por las pérdidas sufridas por las AFP en operaciones de swaps en el fondo E en lo que va del año, o modificaciones al uso del Subsidio Unificado al Empleo (SUF).
En Salud, el Ejecutivo logró reponer los recursos rechazados por la mixta para el programa de atención primaria, pero sufrió el rechazo de los fondos para los servicios de salud.
Al igual como ha ocurrido en otras áreas, el Ejecutivo deberá esperar al trámite en el Senado -que parte la próxima semana- para reponer vía indicación los recursos rechazados.
Minería se cae
Tras la maratónica discusión sobre Salud, la Sala se abocó al análisis en Minería, donde destacaron los discursos de parlamentarios de zonas mineras en contra de una posible privatización de Codelco, luego de que el ministro Quiroz deslizara la necesidad de que la estatal se abriera a la inyección de capital privado.
De esta forma, la partida pasó al Senado rechazada en su totalidad, tras un empate a 59 votos a favor y en contra. “Codelco no se vende”, manifestaron diputados al unísono.
Jornada de madrugada
Ya con la presencia de Quiroz de regreso en Valparaíso, luego de participar en la negociaciones para destrabar el paro de los camioneros, los diputados se abocaron a tramitar las cerca de 16 de 33 partidas que restaban por analizar.
Así, en la sesión de la noche de jueves y mañana de viernes, se rechazaron los gastos variables de las partidas de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mujer y Cultura. A este listado se sumó Ciencias, que venía sin sus recursos desde la comisión mixta de Presupuestos y que no contó con indicaciones del Ejecutivo para reponerlos.
En otras carteras también hubo materias rechazadas: los dineros para el Instituto Nacional del Deporte (IND) en la cartera de Deportes; los recursos del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y del Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia en Desarrollo Social; se rechazó la transferencia desde la Subsecretaría del Medio Ambiente al Fondo de Protección Ambiental; y los recursos para el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Tarapacá, en Vivienda.
En cuanto a as normas del articulado del proyecto, la Sala rechazó la solicitud que realizaba el Ejecutivo para poder endeudarse hasta en US$ 25.000 millones el próximo año. También se cayó el artículo 50, que disponía que las obras públicas adjudicadas por trato directo o licitación privada, cuyo monto no excedan las 30 mil UTM, o por licitación pública si el monto no supera las 75 mil UTM, podían iniciarse materialmente, desde la notificación del acto administrativo adjudicatorio.
En la partida del Tesoro Público, se rechazó la asignación de recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Foto: Aton
Oposición presentó la acusación constitucional contra el ministro Rabat
El 28 de octubre la oposición anunció la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la decisión del secretario de Estado de no apelar a la Corte Suprema para otorgar la libertad a 56 condenados por delitos sexuales y otro tipo de delincuentes “altamente peligrosos”, según señalaron en la oposición. Sin embargo, el sector se tomó su tiempo para presentarla consciente de que es bastante complejo que alcance los 78 votos que se requiere para aprobarla.Finalmente, el libelo ingresó este jueves, pese a que hasta último momento persistían las dudas sobre si convenía presentarlo ese día o postergarlo para la próxima semana.
Los representantes suscribieron el documento en la Sala Inés Enríquez de la Cámara, hasta donde llegaron el constitucionalista Nicolás Facuse y el jefe de la bancada socialista, diputado Raúl Leiva, con el libelo en una caja.Tal como había trascendido, el primer capítulo acusa a Rabat por las “rebajas de condena a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes”; el segundo, por las “rebajas de condena a condenados por crímenes de lesa humanidad”; y el tercero, por “falta de veracidad ante el Congreso e infracción al principio de probidad”.Los diputados esperan que el lunes 16 de noviembre se dé cuenta de la acusación en la Sala de la Cámara y llamaron a los parlamentarios de todos los sectores a sumarse a su aprobación.
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Sebastian Valdenegro
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