Lo que viene: descargos y posterior resolución
La Contraloría está esperando ahora los descargos de los involucrados.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 5 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
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La confirmación respecto a que la Contraloría no levantó cargos al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, generó una discusión respecto a si se violó algún secreto de sumario respecto al proceso.
Lo cierto es que el solo reconocimiento de que a Pereira no se le imputaron cargos y sí al subdirector jurídico del SII, Mario Vila, y a la ex directora de Grandes Contribuyentes, Mirtha Barra, si bien puede considerarse una filtración, no es una acción que en casos anteriores haya significado la apertura de una nueva investigación por parte de la Contraloría.
Esto, principalmente porque no se dieron a conocer aspectos de la indagatoria, que es la investigación con la que el fiscal determina si se levantan cargos o no, contra los involucrados.
Esta formulación de cargos se notifica a estas personas y además se les entregan los resultados de la indagatoria. Con ese documento, quienes tienen cargos pueden hacer sus descargos. El carácter reservado del sumario es para mantener la presunción de inocencia de los involucrados. Esto, porque es factible que con los descargos, los involucrados puedan revertir su situación, con lo que quedarían libres de eventuales sanciones.
Cabe destacar que el sumario persigue las responsabilidades personales que puede haber en los funcionarios públicos.
Una vez que éste concluye llega a manos del contralor, que es quien recomienda las sanciones a los servicios.
En todo caso, hay circunstancias en que el contralor diga que en el sumario ve una arista que no se investigó y que que se reabra la investigación, con lo cual mantiene el carácter de secreto y se vuelve a investigar.
En ese caso, podría venir una nueva indagatoria, donde se pueden levantar cargos o no, pero esa decisión la tendría que dar el contralor.
En cambio, si el contralor no ve problemas va a recomendar las sanciones contra los funcionarios y el director del servicio en cuestión tiene que decidir si acepta los castigos.
De acuerdo a casos anteriores, las reparticiones públicas suelen acatar lo que ha recomendado la Contraloría.
En el caso del dictamen publicado el viernes pasado, en que se ordenó la apertura de un sumario, los pasos a seguir son exactamente iguales a los descritos anteriormente
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