Economía y Política
José Ignacio Vásquez Márquez, presidente y ministro titular
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 2 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
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Tribunales Ambientales:
“Es una institucionalidad nueva y que es necesario ponerla en funcionamiento de la mejor forma posible”. Sostuvo que ello implica “demostrar que no es una jurisdicción corporativa o sujeta a presiones, pero que tampoco actúa con prescindencia absoluta de los efectos sociales de sus resoluciones”. “Es relevante tener presente que al Tribunal no le corresponde diseñar o ejecutar políticas públicas, sino que sólo interviene frente a excesos denunciados en procedimientos administrativos ambientales o frente a daños al medio ambiente”. “Es importante que el Tribunal consolide una jurisprudencia que lo legitime frente a la ciudadanía, en el desarrollo de sus competencias específicas y con el aporte de los ministros abogados y licenciados en ciencias que lo integran”.Recordó que a esta instancia le son plenamente aplicables los principios del debido proceso. Afirmó que ella “debe resolver las controversias ambientales que se le sometan, propendiendo, en lo posible, a soluciones que apunten a un desarrollo conómico ecológicamente sustentable”. Indicó que las resoluciones que dicten los Tribunales Ambientales “son revisables por los Tribunales superiores de Justicia, y por ello, la jurisprudencia que emane de los primeros deberá enmarcarse en los principios generales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico”. Subrayó que esta nueva instancia “resuelve conflictos de naturaleza jurisdiccional y no política”.
Participación ciudadana:
”Es una presión constante que desborda, en general, los esquemas de la democracia representativa tradicional, y se expresa en las más diversas instancias”. Señaló que reconociendo este hecho, “la ley que regula los estudios de impacto ambiental considera etapas de participación de los ciudadanos afectados, que formalmente parecen razonables”.
“Es una institucionalidad nueva y que es necesario ponerla en funcionamiento de la mejor forma posible”. Sostuvo que ello implica “demostrar que no es una jurisdicción corporativa o sujeta a presiones, pero que tampoco actúa con prescindencia absoluta de los efectos sociales de sus resoluciones”. “Es relevante tener presente que al Tribunal no le corresponde diseñar o ejecutar políticas públicas, sino que sólo interviene frente a excesos denunciados en procedimientos administrativos ambientales o frente a daños al medio ambiente”. “Es importante que el Tribunal consolide una jurisprudencia que lo legitime frente a la ciudadanía, en el desarrollo de sus competencias específicas y con el aporte de los ministros abogados y licenciados en ciencias que lo integran”.Recordó que a esta instancia le son plenamente aplicables los principios del debido proceso. Afirmó que ella “debe resolver las controversias ambientales que se le sometan, propendiendo, en lo posible, a soluciones que apunten a un desarrollo conómico ecológicamente sustentable”. Indicó que las resoluciones que dicten los Tribunales Ambientales “son revisables por los Tribunales superiores de Justicia, y por ello, la jurisprudencia que emane de los primeros deberá enmarcarse en los principios generales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico”. Subrayó que esta nueva instancia “resuelve conflictos de naturaleza jurisdiccional y no política”.
Participación ciudadana:
”Es una presión constante que desborda, en general, los esquemas de la democracia representativa tradicional, y se expresa en las más diversas instancias”. Señaló que reconociendo este hecho, “la ley que regula los estudios de impacto ambiental considera etapas de participación de los ciudadanos afectados, que formalmente parecen razonables”.
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