El contundente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda boliviana, en favor de Chile, deja pendiente en nuestro país el debate acerca de si se mantiene o decide salir del Pacto de Bogotá, también llamado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, suscrito el 30 de abril de 1948 por la mayoría de los países de América.
El objetivo del tratado es imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta como medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Y es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia.
Aunque la permanencia en el pacto siempre ha tenido detractores que promueven soterradamente la salida, en épocas de conflicto con los países limítrofes esas posturas se hacen públicas. Tal es el caso, del debate que esta vez iniciaron el exembajador en misión especial en Bolivia, Gabriel Gaspar; el experto en relaciones internacionales, José Rodríguez Elizondo; el exembajador Eduardo Rodríguez Guarachi; y, el excomandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, con una carta enviada al diario El Mercurio el 14 de julio.
En el marco de una larga argumentación “debemos retirarnos del Pacto de Bogotá. El haber establecido una demanda técnica ante la CIJ contra Bolivia, sobre la naturaleza del río Siloli/Silala, no puede convertirnos en rehenes sine die de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país”.
Días más tarde y por la misma vía, Izurieta insistió de manera personal en la polémica postura. Reiteró que “ha llegado el momento de pensar seriamente en retirarnos del Pacto de Bogotá. La oportunidad más adecuada para hacerlo debe ser evaluada rigurosamente. El permanecer en él puede ser a futuro contrario a los intereses nacionales”.
“Cuál es la alternativa”
Esa drástica posición encuentra a sus más firmes detractores en quienes desde el ’90 hasta ahora han sido los guardianes de la política exterior chilena. El más duro en la argumentación por permanecer en la instancia es el excanciller Ignacio Walker (DC), quien estima “completamente inoportuno y extemporáneo que se discuta siquiera si Chile debe abandonar (o no) el Pacto de Bogotá” en virtud del cual –recuerda–, ante la demanda marítima de Perú, la corte resolvió en un fallo que “no fue malo para Chile y que acogió las tres alegaciones de nuestro país”.
De lo contrario, dice, “¿cuál es la alternativa al Pacto de Bogotá, agarrarse a balazos con los vecinos? La historia y la tradición de Chile es de apego al derecho internacional, al derecho de los tratados y a la solución pacífica de las controversias y todo eso tiene que mantenerse”.
Con Walker coincidió el exministro Heraldo Muñoz (PPD) en cuanto a que “la discusión sobre permanecer o salirse del Pacto de Bogotá no es oportuna y debemos postergarla, pero discutirla de manera democrática” más adelante, algo que se acordó en la cita que sostuvieron los presidentes de partido con el presidente Sebastián Piñera.
Muñoz fue claro en que “salirse del Pacto de Bogotá no resuelve mágicamente el que Chile sea, eventualmente, llevado a tribunales internacionales”, por lo que “hay que analizar este asunto con el debido análisis fino; porque aunque un país se retire todavía hay un año donde otros países pueden presentarle demanda”.
Y recuerda que “cuando Colombia se retiró, Nicaragua le interpuso dos demandas adicionales ante la Corte de La Haya. Y cualquier país podría llevar a Chile incluso al Tribunal de La Haya o a otros tribunales por la vía de decir que está violando ciertas convenciones de las cuales nuestro país y otros países como Bolivia son parte”.
El excanciller José Miguel Insulza (PS) aclara que aunque no es partidario de retirarse del pacto, no se niega a discutir el tema “cuando sea propio”, ya que “este no es el momento de discutir el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es el instrumento a través del cual fuimos a este juicio y estamos yendo también en el caso del Silala. Por lo tanto, dejemos que pasen esas cosas y ahí podremos discutir con tranquilidad acerca del pacto”.
Para el ministro y excanciller del primer gobierno de Piñera, Alfredo Moreno, la permanencia en el pacto “es una cosa que los países siempre deben estar pensando”. Sin embargo, en la misma línea de Muñoz añade que “hay que tener presente que los adscritos -y Chile es uno de ellos- tenemos muchos métodos de solución de controversias y cada uno de los tratados de límites que Chile tiene poseen un tribunal, algunos de los temas que tenemos en nuestros tratados internacionales llegan a La Haya aun sin pacto de Bogotá y si no llegan a La Haya llegan a otro tribunal”.
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