Economía y Política
Gobierno y CPT afinan cambios a normativa de e-mail
Tras casos polémicos en Segpres y Cancillería por tema La Haya.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 28 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
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Por Claudia Betancourt
La decisión del ministro de la secretaría general de la Presidencia, Cristián Larroulet, de recurrir al tribunal Constitucional (TC) por el fallo que ordenaba revelar los correos electrónicos de su cartera y la resolución que ordenó a la Cancillería a publicar los gastos de los abogados que representan a Chile en el Tribunal de La Haya, fueron los antecedentes para que el Ejecutivo junto al Consejo para la Transparencia (CTP) iniciaran un trabajo para mejorar la ley sobre la materia. El propósito es perfeccionar la normativa y clarificar los casos en que deben ser públicos o no los e-mail de las autoridades y funcionarios de gobierno.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, dijo que en conversaciones con el gobierno en las últimas semanas “se ha visto este aspecto y así lo ha planteado el propio gobierno en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es la voluntad buscar una legislación específica que se pronuncie respecto a en qué casos los correos electrónicos institucionales de funcionarios públicos pueden ser revelados y en qué caso, por el contrario, constituyen comunicaciones privadas”.
Aunque Ferreiro reconoce que en caso de los correos electrónicos el gobierno “ejerce un derecho legal” al reclamar de lo que resuelve el Consejo, teme que este asunto quede entregado a largos proceso judiciales de “resultados inciertos”.
Respecto al caso de La Haya, Ferreiro sostuvo que “si el consejo hubiera estimado que la revelación de los antecedentes pedidos afectaba el interés nacional, afectaba la estrategia judicial ante el Tribunal de La Haya, ciertamente habría rechazado el amparo y habría declarado que esta información no debía ser entregada”.
La decisión del ministro de la secretaría general de la Presidencia, Cristián Larroulet, de recurrir al tribunal Constitucional (TC) por el fallo que ordenaba revelar los correos electrónicos de su cartera y la resolución que ordenó a la Cancillería a publicar los gastos de los abogados que representan a Chile en el Tribunal de La Haya, fueron los antecedentes para que el Ejecutivo junto al Consejo para la Transparencia (CTP) iniciaran un trabajo para mejorar la ley sobre la materia. El propósito es perfeccionar la normativa y clarificar los casos en que deben ser públicos o no los e-mail de las autoridades y funcionarios de gobierno.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, dijo que en conversaciones con el gobierno en las últimas semanas “se ha visto este aspecto y así lo ha planteado el propio gobierno en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es la voluntad buscar una legislación específica que se pronuncie respecto a en qué casos los correos electrónicos institucionales de funcionarios públicos pueden ser revelados y en qué caso, por el contrario, constituyen comunicaciones privadas”.
Aunque Ferreiro reconoce que en caso de los correos electrónicos el gobierno “ejerce un derecho legal” al reclamar de lo que resuelve el Consejo, teme que este asunto quede entregado a largos proceso judiciales de “resultados inciertos”.
Respecto al caso de La Haya, Ferreiro sostuvo que “si el consejo hubiera estimado que la revelación de los antecedentes pedidos afectaba el interés nacional, afectaba la estrategia judicial ante el Tribunal de La Haya, ciertamente habría rechazado el amparo y habría declarado que esta información no debía ser entregada”.
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