Economía y Política
Gobierno se abre a legislar para normar publicidad de e-mails
Presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, dijo que se está cumpliendo un compromiso del ministro Larroulet.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 15 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
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Por Rodolfo Carrasco M.
“El gobierno declaró su voluntad de legislar respecto de la publicidad y las condiciones de la publicidad de los correos electrónicos” en las reparticiones públicas, anunció el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, quien precisó que dicho compromiso fue adquirido por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el marco de la discusión del proyecto que modifica la ley de transparencia.
De esta forma se zanjaría el conflicto que existe entre el Ejecutivo y el Consejo respecto a revelar el contenido de los correos electrónicos de algunas reparticiones públicas, situación que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que está por dictar una resolución para normar el tema.
De hecho, Ferreiro dijo que “sabemos que hay un fallo del TC cuyo texto completo no conocemos, pero que sería contrario a la revelación de los correos electrónicos, porque se entendería que son una comunicación privada y que se requiere una ley especial para determinar los casos en que una comunicación privada puede ser conocida”.
Agregó que “el gobierno estaría estimando que es conveniente legislar en torno a eso trazando un límite divisorio entre los correos que sean reservados y los que serán públicos. Me parece que es una muy buena noticia, que es mejor regular y definir por ley el estándar de publicidad de los correos que dejarlo entregado a una jurisprudencia que puede ser errática ya sea del Consejo o de los tribunales”.
Sin embargo, precisó respecto del límite de la reserva o publicidad de los correos que “eso es algo que aún se está conversando. No es algo que esté definido, no hay una propuesta o redacción del gobierno en esta materia. La idea en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es darse unas tres semanas, para conocer el fallo del TC y luego llegar a un texto que podrá ser consensuado con el Consejo o no”.
Adelantó que junto al Ejecutivo y los parlamentarios “vamos a trabajar con el mayor interés para conseguir una redacción razonable, que esté a la altura de las legislaciones democráticas más avanzadas en el mundo y que proteja algunas cuestiones que a toda persona le parecen razonable proteger como temas de privacidad o algunas deliberaciones”.
Ferreiro indicó que Larroulet se comprometió con una indicación al proyecto que cumple su primer trámite legislativo en la Cámara Baja, donde ya el Ejecutivo materializó algunas indicaciones a la Ley de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la administración del Estado.
El timonel del Consejo para la Transparencia dijo que los cambios son “ajustes convenientes que resultan de la evaluación de lo que ha sido el funcionamiento de la ley en tres años, se fortalecen algunas atribuciones del Consejo, se pueden aplicar sanciones por el incumplimiento de la ley y el reglamento, y se flexibiliza en algunos casos el cumplimiento de obligaciones por parte de los organismos previa autorización del Consejo”.
“El gobierno declaró su voluntad de legislar respecto de la publicidad y las condiciones de la publicidad de los correos electrónicos” en las reparticiones públicas, anunció el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, quien precisó que dicho compromiso fue adquirido por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el marco de la discusión del proyecto que modifica la ley de transparencia.
De esta forma se zanjaría el conflicto que existe entre el Ejecutivo y el Consejo respecto a revelar el contenido de los correos electrónicos de algunas reparticiones públicas, situación que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que está por dictar una resolución para normar el tema.
De hecho, Ferreiro dijo que “sabemos que hay un fallo del TC cuyo texto completo no conocemos, pero que sería contrario a la revelación de los correos electrónicos, porque se entendería que son una comunicación privada y que se requiere una ley especial para determinar los casos en que una comunicación privada puede ser conocida”.
Agregó que “el gobierno estaría estimando que es conveniente legislar en torno a eso trazando un límite divisorio entre los correos que sean reservados y los que serán públicos. Me parece que es una muy buena noticia, que es mejor regular y definir por ley el estándar de publicidad de los correos que dejarlo entregado a una jurisprudencia que puede ser errática ya sea del Consejo o de los tribunales”.
Sin embargo, precisó respecto del límite de la reserva o publicidad de los correos que “eso es algo que aún se está conversando. No es algo que esté definido, no hay una propuesta o redacción del gobierno en esta materia. La idea en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es darse unas tres semanas, para conocer el fallo del TC y luego llegar a un texto que podrá ser consensuado con el Consejo o no”.
Adelantó que junto al Ejecutivo y los parlamentarios “vamos a trabajar con el mayor interés para conseguir una redacción razonable, que esté a la altura de las legislaciones democráticas más avanzadas en el mundo y que proteja algunas cuestiones que a toda persona le parecen razonable proteger como temas de privacidad o algunas deliberaciones”.
Ferreiro indicó que Larroulet se comprometió con una indicación al proyecto que cumple su primer trámite legislativo en la Cámara Baja, donde ya el Ejecutivo materializó algunas indicaciones a la Ley de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la administración del Estado.
El timonel del Consejo para la Transparencia dijo que los cambios son “ajustes convenientes que resultan de la evaluación de lo que ha sido el funcionamiento de la ley en tres años, se fortalecen algunas atribuciones del Consejo, se pueden aplicar sanciones por el incumplimiento de la ley y el reglamento, y se flexibiliza en algunos casos el cumplimiento de obligaciones por parte de los organismos previa autorización del Consejo”.
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