A través de una carta dirigida a las autoridades de Gobierno de Colombia, el presidente ejecutivo para América Latina de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), Juan Andrés Duarte, advirtió la preocupación por parte de la entidad internacional sobre la actual situación del Muelle 13 en Buenaventura.
“Es importante hacer un llamado de atención urgente ante la grave situación que atraviesa Grupo Portuario con el contrato de concesión sobre el Muelle 13 de Buenaventura, a causa de un entendimiento parcial y desproporcionado de la legislación nacional y de los elementos fundamentales de la operación portuaria”, señaló Duarte.
Desde fines de 2023, el operador de este recinto, Grupo Portuario, ha mantenido una pugna con el Estado luego que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocara la renovación de su concesión, definición que fue ratificada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la cual determinó la paralización de actividades en el Muelle 13, al considerar que no se cuenta con licencia ambiental adecuada.
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Recientemente, las ministras de Ambiente y de Transporte respaldaron esta definición, anunciando que este recinto, clave para la atención del comercio exterior del Puerto de Buenaventura, será sometido a una adecuación para albergar actividades de la pesca artesanal y astilleros.
Según el titular de AAPA la homologación del contrato de operación a concesión portuaria del Muelle 13, y su posterior operación por 30 años, ha respondido al marco legal vigente y forma parte de una definición que el país adoptó para “garantizar una operación segura y eficiente” de la infraestructura. Añadió que “las acusaciones públicas” que apuntan a una afectación ambiental de la operación de este recinto “demuestran un profundo desconocimiento”.
Duarte aseguró que la propuesta de las autoridades de transformar el Muelle 13 en una terminal pesquera artesanal “representa un detrimento patrimonial injustificable, que significaría la pérdida total de contraprestaciones para la nación y el municipio, la destrucción de infraestructura especializada valorada en millones de dólares, la interrupción de la cadena logística de importación y exportación de carga a granel y la afectación a la seguridad alimentaria nacional”.
Además, implicaría la afectación de la propia comunidad, mencionando “pérdida de empleos calificados de forma directa e indirecta y afectación a los programas sociales que de forma sobresaliente Grupo Portuario ha implementado de forma autónoma en Buenaventura y otros municipios del país, como Buenaventura FC, Fundación Ética Verde, programas de vivienda social, entre otros”, agregó.
Al mismo tiempo, manifestó su “preocupación” ante la afirmación de autoridades colombianas de que “los puertos no generan riqueza para las ciudades”, asegurando que anualmente el sector genera más de US$ 50 millones en contraprestaciones directas, además de impuestos nacionales y municipales, puestos de trabajo y otros aportes en el desarrollo del país.
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“¿Es realmente sensato desmantelar un modelo que genera recursos significativos para sustituirlo por otro que implique pérdidas? ¿No sería más prudente fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de las contraprestaciones portuarias, garantizando así una gestión más eficiente y sostenible? La solución para Buenaventura no puede ser destruir lo que funciona, sino asegurar que los cuantiosos recursos que ya se generan sean ejecutados con eficiencia y transparencia en beneficio de toda la comunidad”, señaló la misiva dirigida a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas.
Finalmente, enfatizó que "la comunidad portuaria internacional observa con seria preocupación cómo un país que había logrado construir un modelo exitoso y autosostenible, ahora toma decisiones que lo desmantelan sin fundamentos técnicos sólidos. Esto no solo afecta la credibilidad de Colombia en materia de comercio exterior, sino que también pone en riesgo décadas de avances en modernización portuaria y relaciones comerciales internacionales”.
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