Una norma del Servicio Nacional de Impuestos boliviano que obliga a los altos cargos a pagar de su bolsillo las deudas tributarias de las compañías para las que trabajan ha provocado esta semana polémica en el sector empresarial.
Se trata de una resolución oficial denominada "procedimiento de derivación de acción administrativa para el pago de deudas tributarias ejecutoriadas", que en la práctica supone que directores, gerentes y administradores legales de empresas deban hacer frente a dichas deudas.
Varias asociaciones empresariales de Bolivia han advertido de que esta medida puede provocar un éxodo de altos cargos en las empresas bolivianas, ante el temor a tener que responder con su patrimonio personal a causa de deudas de las compañías con el fisco.
"Es absurdo tratar de intimidar a la gente en un país que necesita crecer, que necesita inversión, es un absurdo que las instancias no se coordinen y se que genere un mal clima en los negocios y las empresas", dijo a Efe el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez.
El responsable de la patronal privada recordó que en este momento está en discusión la Ley de Inversiones, y que "si el clima no es bueno" es imposible atraer a empresas para que inviertan en el país.
Normas así "no ayudan al clima de negocios, la responsabilidad para la gente que trabaja de buena fe en las empresas no puede recaer sobre su patrimonio personal. Y más si son personas casadas, lo que supone arriesgar un patrimonio mancomunado", sostuvo.
Sánchez recordó que "la responsabilidad es de las empresas, no de los funcionarios", y añadió que con esta norma los trabajadores se desmotivarán.
"¿Cómo se va a poder trabajar con esta amenaza constante? Mientras, los (empresarios y trabajadores) informales siguen creciendo en el país, sin declarar impuestos ni figurar ningún tipo de registros. ¿Por qué la imaginación de la administración no alcanza para perseguir esto?", preguntó.
El presidente de los empresarios privados denunció, además que "en este momento un montón de instituciones del Gobierno, empresas estatales y nacionalizadas que funcionan de manera privada, están incumpliendo (la normativa)".
Cuestionó si los gerentes de esas compañías "también están afectados por esta norma", y si la misma alcanza a los gerentes ministeriales encargados del pago de impuestos.
"Esta especie de "bullying" (acoso), de presionar y de golpear a los privados es el peor camino que se puede seguir en un momento en que Bolivia trata de construir una buena imagen para que vengan las empresas", concluyó Sánchez.
Los grupos profesionales a los que afecta esta normativa se reúnen hoy, según recogen medios locales, para preparar una propuesta que presentarán al Servicio Nacional de Impuestos.
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