Por Marco Fajardo
El presidente mexicano Felipe Calderón quiere aprovechar hasta el último día de su mandato para impulsar una economía en auge. Por eso acaba de presentar una reforma laboral para modificar una normativa que lleva cuatro décadas sin cambios sustanciales.
Aunque el objetivo del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) es crear más empleos en medio de una economía en crecimiento, también pretende transparentar las cuentas de los poderosos sindicatos.
Estos han sido históricos aliados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acaba de ganar las elecciones presidenciales y se apresta a volver al poder tras 12 años. El partido de Enrique Peña Nieto previamente rechazó una reforma similar en marzo, aunque el presidente electo la incorporó a su agenda.
Suma urgencia
Calderón afirmó ayer que impulsará una ley para facilitar el contrato y despido en un país donde uno de cada tres trabajadores está en el sector informal.
El proyecto fue presentado en una modalidad de urgencia que da 30 días a cada cámara para aprobarla antes de la asunción de Peña Nieto, el 1 de diciembre.
“La propuesta permitirá a millones de personas que no tienen trabajo acceder al empleo, en especial mujeres y jóvenes”, dijo Calderón.
El objetivo de la ley es “volver al mercado laboral más flexible, pero eliminando algunos aspectos que hacen tan costoso el ajuste de la fuerza laboral”, señaló a DF el economista Alberto Ramos de Goldman Sachs.
“Un mercado laboral más flexible debería llevar a mayor crecimiento y creación de empleo”, añadió.
Difícil trámite
Sin embargo, eso no es todo. Uno de los puntos álgidos del proyecto se refiere a los sindicatos.
Calderón aseguró que la ley incrementará la transparencia de sindicatos y garantizará el “voto secreto y directo” de sus líderes.
En la pasada legislatura, diputados del PRI rechazaron una reforma laboral propuesta por el PAN, que entre otras cosas planteaba eliminar las cuotas sindicales obligatorias de los trabajadores, auditar las cuentas gremiales e instaurar el voto directo para elegir a los líderes.
Decenas de millones de dólares anuales pasan por las manos de los jefes de grandes sindicatos, como el de docentes o el de trabajadores petroleros, sin que estén obligados a informar el destino de esos fondos.
Algunos nuevos diputados del PRI que son líderes sindicales dijeron recientemente a Reuters que no aprobarían una reforma laboral que incluya eliminar las cuotas sindicales obligatorias. Por eso la duda es si la ley finalmente sea aprobada.
“Yo creo que esto va a salir si es que está amarrado con el PRI”, señaló Alfonso Bouzas Ortíz, experto laboral de la Universidad Autónoma de México, a DF. En ese caso “los costos los va a pagar Calderón y las cosechas las va a levantar Peña Nieto. Pero no es fácil porque tal y como está el proyecto golpea incluso al sindicalismo corporativo”.
Otros creen que el PRI preferirá aprobar la ley en su propia legislatura. Un rechazo al proyecto actual “será una prueba de que quieren el crédito para sí”, según afirmó José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, a Bloomberg.
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