La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó el martes una moción de censura contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, lo que representa un revés para el presidente Rodrigo Paz, cuyo Gobierno enfrenta escasez de combustible y divisas.
Con un resultado de 91 votos a favor de la medida, 34 por la negativa y cuatro abstenciones, se realizó la votación entre 129 diputados.
Espinoza fue censurado tras no comparecer ante el Congreso para responder preguntas sobre su gestión de la economía, la política monetaria y la planificación macroeconómica. Espinoza declaró que tuvo que viajar a Santa Cruz para solucionar problemas de suministro de diésel antes de dirigirse a Brasil.
"Estamos llegando al décimo mes de Gobierno y estamos arrastrando la misma crisis económica", dijo el diputado opositor Antonio Muriel durante la sesión parlamentaria. "Todo el pueblo boliviano está exigiendo mejorar nuestra economía, no hay leyes, no hay solución. Esos son los verdaderos motivos" de la censura, agregó.
En Bolivia, la censura aprobada por la Asamblea Legislativa tiene como consecuencia la destitución obligatoria del funcionario. El Presidente debe disponer su salida en un plazo máximo de 24 horas después de recibir la notificación formal de la decisión legislativa.
La votación se produce en un momento delicado para el gobierno de Paz, que busca el respaldo del Congreso para reformas económicas y para un programa de financiamiento negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio, el cual aún requiere la aprobación tanto del Congreso boliviano como del Directorio Ejecutivo del organismo.
Este programa se considera clave para ayudar a estabilizar la economía y aliviar la persistente escasez de combustible y divisas.
Espinoza ha formado parte del Gobierno de Paz desde que asumió el cargo en noviembre de 2025 y se ha convertido en uno de los principales artífices de la política económica. También ha desempeñado un papel público central en las negociaciones con el FMI.
En las últimas semanas, Espinoza también fue criticado por la supuesta compra de un vehículo Audi a un precio declarado muy por debajo del valor de mercado. El hasta ahora funcionario afirmó que la discrepancia fue resultado de un error administrativo.