Por Isabel Ramos Jeldres
La Corte Suprema de Estados Unidos inició ayer una revisión histórica de la reforma a la salud, uno de los programas estrella del presidente Barack Obama, a dos años de que el mandatario firmara el proyecto para convertirlo en ley. Los argumentos podrían concluir que la reforma es inconstitucional, lo que sería un duro golpe para Obama en medio de su campaña por la reelección.
La audiencia de ayer duró 90 minutos y en ella los nueve jueces que conforman la corte se declararon competentes para juzgar la medida y continuar con el juicio. La reforma de Obama pretende aumentar la cobertura de salud, extendiéndola a 32 millones de personas. Sin embargo, ha generado divisiones entre quienes la consideran una intromisión del gobierno en la vida privada y quienes defienden la universalidad del acceso a la salud.
Uno de los pilares de la reforma es el “mandato individual”, que establece que cada estadounidense deberá contratar un seguro de salud para 2014. De lo contrario, deberá pagar una multa que será recolectada a través de la declaración de impuestos (lo que ha abierto el debate de que será de facto un nuevo impuesto).
Los querellantes, entre ellos 26 de los 50 estados del país y la Federación Nacional de Empresas Independientes, aseguran que el Congreso excedió su poder constitucional de regular el comercio al introducir este mandato individual. Argumentan que el gobierno no debe inmiscuirse tan profundamente en la vida de las personas, y obligarlas a pagar por un producto por el que no han optado. La administración Obama, por su parte, dice que las personas que no poseen seguro médico colocan una carga desproporcionada en el sistema. El gasto anual en salud de EEUU suma
US$ 2,6 billones (millones de millones), lo que equivale a US$ 8.402 por cada hombre, mujer y niño.
El proceso judicial se extenderá por tres días, y en él se llevarán a cabo seis horas de debate, con lo que se transforma en el caso más largo en 44 años. El mandato universal será revisado hoy, mientras que el miércoles se discutirá si el proyecto puede seguir adelante en caso de que el mandato individual sea declarado inconstitucional y si el Congreso está aumentando de forma inapropiada la carga sobre los estados al aumentar la cobertura de Medicaid, el programa estatal-federal que otorga cobertura médica a los pobres.
¿Veredicto político?
Esta será la primera vez que el máximo tribunal estadounidense evalúa la anulación de un logro legislativo del presidente en medio de su campaña de reelección.
Según una encuesta de Bloomberg, realizada a principios de mes, un 75% de los estadounidenses afirman que la Corte Suprema estará influenciada por políticos cuando tome su decisión, que se espera para fines de junio, menos de cinco meses antes de la elección presidencial.
De los nueve jueces, cinco fueron designados por presidentes republicanos.
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