La Comisión Europea ha suspendido la reunión del comité conjunto UE-Argentina que iba a celebrarse los próximos días 19 y 20 de abril en Buenos Aires, en respuesta a la expropiación del 51% de YPF por parte del gobierno argentino, que considera "ilegal" si no conlleva una compensación adecuada.
"Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea y la alta representante (de la política exterior, Catherine Ashton) han decidido posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto para los días 19 y 20 de abril" en Buenos Aires, señaló Pia Ahrenkilde, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria.
"Entendemos que la expropiación que se planea en este caso es ilegal si tiene lugar sin una compensación justa, adecuada y pronta", agregó la portavoz, poco después de que Repsol afirmara que reclamará a Argentina, al menos, US$ 10.500 millones (8.000 millones de euros) por su participación en YPF, compañía a la que otorga un valor total de US$ 18.300 millones, en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF.
La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 50,1% de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una opa, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
La Comisión Europea está estudiando el proyecto de ley que la presidenta argentina, Cristina Fernández, envió ayer al Congreso para expropiar YPF para "determinar en estrecha consulta y en contacto con las autoridades españolas el próximo paso a dar y analizar todas las posibles opciones que están a disposición" de Madrid y de la UE, explicó la portavoz.
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, enviará además una carta a su homólogo argentino, el ministro del ramo, para expresarle la "seria preocupación" de la Comisión Europea por el anuncio del Gobierno argentino, indicó Ahrenkilde.
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que ha seguido de cerca el asunto y que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró poco antes "seriamente decepcionado" con la decisión de Buenos Aires y le ha instado a respetar sus compromisos y obligaciones internacionales, especialmente aquellos que resultan del acuerdo bilateral sobre la protección de inversiones con España. Barroso ha pedido a los servicios de la Comisión Europea que sigan de cerca este asunto y que le den máxima prioridad.
Ahrenkilde recalcó en la rueda de prensa diaria que YPF representa "una importante inversión de la UE en Argentina" y la expropiación anunciada "envía una señal muy negativa a los inversores internacionales, que buscan por supuesto estabilidad y previsibilidad para sus inversiones".
La medida argentina, reiteró la portavoz, "puede dañar seriamente el clima de negocios en Argentina" y "crea inseguridad jurídica no solamente para la empresa española Repsol, sino también para otras compañías de la UE".
Por todo ello, la Comisión Europea urgió enérgicamente al Gobierno de Cristina Fernández, a garantizar el cumplimiento del país con los acuerdos internacionales que ha suscrito.
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