El presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, advirtió este jueves en La Paz que si Chile optara plantear la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, sobre el diferendo marítimo binacional, se aislaría de las reglas pacíficas de convivencia internacional.
"Se ha hablado de que van a inclinarse, van a definir la competencia de la Corte Internacional de La Haya. Hacer eso significaría que el Estado chileno desconoce y se coloca al margen de la legislación internacional. Es una actitud que aísla y aislaría a Chile de las reglas pacíficas de convivencia internacional", indicó.
En una conferencia de prensa, dictada en el presidencial Palacio Quemado, García Linera se refirió a la decisión que el gobierno de la presidenta chilena Michelle Bachelet, a decir de su canciller Heraldo Muñoz, parece adoptar.
Existe "una inclinación muy fuerte" de la Moneda para impugnar la competencia de la CIJ en el diferendo con Bolivia, por una salida soberana al mar.
Según el Mandatario, la actitud de los gobernantes chilenos muestran que "se sienten acorralados por la historia y acorralados por la justicia internacional", por eso prefieren "desconocer" la legislación internacional y evitar resolver, por la vía del diálogo el diferendo marítimo, que enfrenta a ambos países por más de 100 años.
Sin embargo, aclaró que la posición del Estado boliviano sigue en pie, de que sea la CIJ la que determine las vías por las cuales debe seguir el pedido a Chile de una salida soberana al mar.
"El planteamiento de Bolivia es sólido, es firme, se sostiene de manera impecable en los argumentos jurídicos y en la normativa internacional, estamos muy seguros de lo que hemos hecho y muy optimistas de nuestro camino y está claro que quienes si tienen muchos problemas para asumir este camino, de la justicia internacional, es el Estado chileno", agregó.
Bolivia demanda a Chile un paso soberano con continuidad territorial al Océano Pacífico, que perdió, a manos de Chile en 1879, cuando se registró la invasión armada a su entonces puerto de Antofagasta.
Ante la CIJ, Bolivia busca que Chile se siente a negociar, de buena fe, la concesión de una salida soberana al mar.
La acción judicial Bolivia se funda en las promesas de restauración marítima formuladas por gobiernos de Chile entre 1950 y 1976.
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