Un tribunal de Corea del Sur aprobó la solicitud de un fiscal especial para detener al vicepresidente del Grupo Samsung Jay Y. Lee, acusado de soborno, perjurio y malversación de fondos.
Lee se presentó en el tribunal del distrito central de la capital surcoreana una hora antes del comienzo de la audiencia, que arrancó a las 10.30 hora local.
La justicia de Corea del Sur trata de establecer si el directivo, de 48 años, instruyó al conglomerado que lidera de facto a dar apoyo financiero a Choi Soon-sil, apodada la "Rasputina surcoreana", a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.
Los fiscales que instruyen el caso de corrupción que causó la destitución de la presidenta surcoreana Park Geun-hye pidieron el martes una nueva orden de detención contra Lee, después de que un tribunal local rechazara una solicitud previa en enero.
La corte argumentó entonces que no se logró aclarar si las donaciones se hicieron en el marco de una cadena de favores, pero los fiscales sostienen que tras tres semanas de investigación adicional han conseguido nuevas pruebas contra el directivo respecto a la última petición.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (35 millones de euros/ 37 millones de dólares) a entidades supuestamente controladas por la "Rasputina" -apodada así por su cercanía con la presidenta-, pero niegan cualquier irregularidad y que recibieran trato de favor por ello.
Lee Jae-yong tomó las riendas del conglomerado el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que lo mantiene hospitalizado y sin habla.
Choi permanece detenida desde octubre al considerarse que, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados la presidenta, miembros de su Gobierno y los principales conglomerados empresariales del país.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre destituir a Park; la decisión final está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir a favor o en contra del proceso
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