Tal como lo había adelantado hace algunas semanas, la familia Luksic recurrirá a la justicia europea por el caso del rescate del Banco Popular que le significó una pérdida de más de US$ 100 millones.
Concretamente, presentará un recurso de primera instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la decisión de la Junta Única de Resolucion (JUR) de resolver de banco, al interpretar que la medida aplicada fue desproporcionada y de carácter nulo.
Cabe recordar que el grupo ya presentó un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de junio por el mismo motivo, informó Expansión.
La familia había invertido en el complicado banco que fue adquirido por Santander unos 113 millones de euros, por el 3,45% en la entidad. El grupo continuó comprando acciones del banco hasta el pasado 6 de junio.
Los representantes de la familia chilena consideran que la decisión de las autoridades de amortizar las acciones de Banco Popular, así como también los bonos contingentes convertibles y la deuda subordinada, es "desproporcionada" siendo la entidad todavía solvente. "Creemos que se debería haber dado más tiempo y haber proporcionado liquidez a través de las líneas de liquidez de emergencia", indicaron en rueda de prensa.
Además, estiman que las declaraciones de la presidenta del Mecanismo Único de Resolución (MUR), Elke König, fueron "desafortunadas", ya que contribuyeron a agravar la crisis de liquidez. "La JUR, en vez de ser parte de la solución, fue parte del problema", agregaron.
Prácticamente desde que se anunció el rescate, Andrónico Luksic junto a sus asesores que gestionan sus inversiones en Europa -su hijo Davor Luksic, José Ignacio Bulnes, Nicolás Barraza y Michel Franken- y, el gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, analizaron alternativas para reaccionar.
Por tal motivo, se reunieron en Madrid con el estudio de origen catalán Roca Junyent –encabezado por Miguel Roca, abogado de la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos– y juntos empezaron a diseñar su estrategia legal.
Desde Roca Junyent, solicitan la anulación del acuerdo de resolución y posterior venta de Popular, dado que atenta contra los principios del derecho de propiedad, no es transparente y no se otorga poder de decisión ni alegación a la parte afectada.
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