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Publicado: Martes 23 de diciembre de 2014 a las 05:00 hrs.
En un escrito de 67 páginas presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Metrogas, la principal distribuidora de gas natural por redes del país, pidió al organismo rechazar el proceso de tarificación solicitado por la Municipalidad de Maipú, aduciendo que la ley actual no establecía mecanismos claros para acometer el proceso.
Asimismo, la distribuidora descartó de plano que el negocio de la distribución de gas por redes sea un monopolio natural en la Región Metropolitana, donde la firma tiene 500 mil clientes en el segmento residencial y comercial.
La firma señala que la Ley del Gas, que data de 1931, "es un cuerpo legal esencialmente incompleto (...) desprovisto de los elementos básicos que permitan poner en funcionamiento y aplicar el procedimiento de examen de rentabilidad primero, y fijación tarifaria después, que constituyen la esencia de la solicitud realizada".
En su argumentación, la distribuidora pide rechazar la consulta y sostiene que, incluso si se subsanaran los vacíos legales que tiene la normativa del gas, si se intenta calcular la rentabilidad de la firma, esta ha estado por debajo de lo establecido en la ley. "Cada uno de los errores y arbitrariedades en que incurrieron las consultoras han tenido por si mismos una significativa contribución en abultar artificialmente la rentabilidad de Metrogas", dice la firma.
Según el chequeo encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, la distribuidora obtuvo una rentabilidad de 11,4% en 2012 y de 16,9% en 2013, por sobre el límite legal de 11%.
Además indica que, aunque la firma hubiese sobrepasado dicha rentabilidad, esto no era suficiente para que fuera sometida a una fijación tarifaria, sino sólo a una evaluación para determinar si se continúa con la libertad de tarifas de la que goza hasta hoy.
Las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron US$ 64,9 millones frente a los US$ 43,5 millones registrados en igual período de 2025. Es decir, un salto del 49,1%.
En el Ciclo 2026 de Conversaciones Entre Códigos, los abogados Paola Cifuentes y Rodrigo Guzmán también participaron en el panel que analizó el nuevo mapa regulatorio que se configura en materia ambiental.
Un levantamiento de Buk muestra que incluso entre las compañías de 200 o más trabajadores, que estarán obligadas a reportar indicadores, prácticamente la mitad nunca ha realizado el ejercicio.
El período de prueba se extenderá por seis meses y tendrá, por ahora, sólo carácter ambulatorio. La infraestructura es la primera de un proyecto de desarrollo en materia de centros asistenciales y estará dotada de tecnología de punta para exámenes, atenciones médicas y servicios ambulatorios.